La Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU le exigió a la Fiscalía que realice “una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, con relación al cuestionado operativo militar que dejó 11 muertos y cinco heridos el pasado 28 de marzo, en Putumayo.
El pronunciamiento de la entidad, liderada por la comisionada Juliette De Rivero, se dio este miércoles en su cuenta oficial de Twitter, en la que también recomendó “que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso (…). Instamos a las autoridades a que adopten medidas de prevención, protección y reparación para la comunidad, incluyendo proteger la vida e integridad de testigos. Llamamos a la protección de periodistas investigativos que están recibiendo ataques por sus publicaciones sobre Alto Remanso”.
El organismo dijo que se solidarizaba con los familiares de las víctimas e informó que entre el 31 de marzo (tres días después del operativo) y el 2 de abril sus funcionarios hicieron una visita al citado sector, para obtener datos de primera mano sobre lo ocurrido.
Según sus hallazgos, “entre el 26 y el 28 de marzo, en la vereda Alto Remanso de Putumayo se realizaba un bazar para recaudar fondos, en el que habrían participado alrededor de 200 personas”.
El 28 de marzo en dicha vereda “se habría iniciado un operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres. Como resultado de la operación militar y del uso de la fuerza letal en Alto Remanso resultaron muertas unas 11 personas y 5 más quedaron heridas”, detalló la ONU.
Y agregó: “Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”.
El operativo en cuestión ha desatado una crisis de credibilidad en las Fuerzas Militares. Tanto el Ejército como el Ministerio de Defensa han justificado las acciones, argumentando que entre las víctima habría integrantes de las disidencias de las Farc.
El presidente Iván Duque, durante su visita a Estados Unidos para participar en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, reiteró que la operación militar fue legítima y muy bien planeada.
En Colombia, entretanto, periodistas de distintos medios de comunicación, que han entrevistado a los sobrevivientes y escrito artículos sobre lo ocurrido, han sido objeto de intimidaciones, señalamientos y estigmatización en redes sociales, por parte de aquellos que no admiten que se cuestione la acción de las Fuerzas Armadas.
