Según el informe, el 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía «reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha», donde hubo protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial.
«El uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal», señala la investigación encabezada por el exdefensor del Pueblo de Colombia Carlos Negret.
Jóvenes pobres, las víctimas
El documento recuerda que las protestas de los jóvenes comenzaron por el asesinato en Bogotá la madrugada del 9 de septiembre de Ordóñez, un taxista de 46 años, que fue brutalmente sometido en una calle por dos policías que intentaron detenerlo y descargaron de manera prolongada sobre él una pistola eléctrica Táser durante su arresto en Bogotá.
El informe de 177 páginas también asegura que la «masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia».
Los barrios más afectados por la «escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos» fueron Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco), Engativá (dos), Kennedy (uno) y el municipio de Soacha (tres).
Según la relatoría, la brutalidad policial «se encarnizó» contra jóvenes de sectores populares de Bogotá y Soacha y el resultado deja ver que «existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública».
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 27 años, tenían en común que eran de estratos pobres y que todos llegaron a Bogotá en busca de mejores oportunidades de educación y trabajo. Esas características, dice el informe, proponen una «reflexión sobre si la Policía tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos recursos».
Noche de terror
Además de los 14 asesinatos, el informe también documentó que hubo 75 heridos por arma de fuego y 43 acuchillados y que 216 miembros de la Policía también resultaron heridos.
Igualmente fueron incendiados 17 CAI (Comandos de Acción Inmediata) de la Policía y más de 112 autobuses del sistema de transporte público de Bogotá fueron quemados o dañados por la turba.
El informe llama la atención sobre el caso de Cristian Camilo Rodríguez, asesinado el 10 de septiembre de 2020 en la localidad de Engativá por «hombres vestidos de civil».
«Su asesinato ha sido excluido, sin fundamento, del conjunto de casos que se califican como relacionados con las jornadas de violencia (…) y avanza de manera dramática hacia la impunidad».
Recomendaciones y disculpas
El informe hace una serie de recomendaciones a la Policía, a la Alcaldía de Bogotá, al Gobierno nacional y al Congreso para que adopten medidas para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
A la Policía le pide «llevar a cabo un acto solemne de reconocimiento de responsabilidad y petición genuina de perdón a todas las víctimas de violencia, abuso o brutalidad policial».
Al Congreso y al Gobierno les propone «tramitar y aprobar una ley estatutaria que desarrolle el derecho a la protesta social» como lo ordena la Corte Suprema de Justicia.
A la Alcaldía de Bogotá le recomienda constituir una mesa institucional para hacer seguimiento periódico, sistemático y directo a las víctimas y familiares de víctimas de todos los hechos de violencia ocurridos en las jornadas de protestas.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que llevará el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que haga un seguimiento de la respuesta del Estado colombiano.
«Gracias por este informe doloroso hasta el alma pero necesario para salvar y recomponer nuestra democracia», dijo entre lágrimas López, quien pidió «perdón, como ciudadana y como alcaldesa» por «no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera», y anunció que entregará una copia del documento al presidente colombiano, Iván Duque.
