Las cifras son preocupantes, según Alejandro Rodríguez coordinador de la plataforma Grita de la ONG Temblores, pues representan un aumento exponencial de casos en comparación con el paro del año 2019, cuando se registraron 44.
También dijo que la mayoría de estas lesiones son causadas por balas de goma que son lanzadas directamente a los rostros de las personas y que de las 103 víctimas, el 14% tuvo pérdida total del ojo y otro 14% pérdida total de la vista. Además reveló que se registraron 18 casos producto del uso de cilindros de gases lacrimógenos lanzados directamente a los rostros, lo que ha generado desfiguración.
Rodríguez añadió que de las 103 víctimas de estos hechos el 26% corresponden a personas que están entre los 18 y 22 años de edad, el 10% entre 23 y 27 años y ocho casos de menores de edad. “Esto muestra que si uno es joven y vive en barrios marginales es más propenso a recibir este tipo de lesiones y aquí el estado te quita la mirada”.
Por último, Rodríguez dijo que la mayoría de estas lesiones se presentaron en Bogotá, donde se registran 56 hechos, seguido de Cali con 12.
HERRAMIENTA DE CASTIGO
Juliana Bustamante directora de PAIIS dijo que las lesiones oculares “se convierten en esa herramienta de castigo y de advertencia sobre las consecuencias que tiene salir a marchar”.
Agregó que cuando estas personas han intentado denunciar estos hechos, han sido perseguidas por lo que han tenido que salir del país.
Erika Guevara Rosas, directora de las Américas para Amnistía Internacional, criticó la falta de respuesta por parte del Gobierno frente a sus denuncias.
“Quiero señalar que hemos solicitado una audiencia con el presidente Iván Duque para poderle presentar los hallazgos de la investigación antes de su publicación y poder escuchar su respuesta frente a los reclamos y las demandas de la ciudadanía pero lamentablemente la respuesta que recibimos fue un silencio y esto lo tomamos como un silencio a un pueblo que le ha pedido rendición de cuentas desde las calles, y que le está exigiendo el ejercicio fundamental de derechos”.
Agregó que este informe “es una investigación rigurosa con la intención de coadyuvar al reclamo de derechos de verdad, justicia, reparación, pero sobre todo es un instrumento con recomendaciones para evitar que esto se vuelva a repetir”.
