Del hecho que estremeció a Medellín el pasado 4 de noviembre hay 10 detenidos. Se trató del robo a una empresa de fundición de oro en el barrio Manila, de El Poblado, en el que hubo cruce de disparos con las autoridades y en el que la Fiscalía General de la Nación confirmó, el pasado viernes, que los presuntos delincuentes lograron llevarse aproximadamente 3.148 gramos de oro sin procesar avaluado en $550 millones.
Los 10 detenidos se declararon inocentes en la audiencia de imputación de cargos. A nueve de ellos se les imputó por hurto calificado. Al restante, identificado como Leonardo de Jesús Tuberquia, solo porte de arma de fuego. El sujeto, que es taxista, podría recibir entre 22 y 30 años de prisión por este crimen.
Los otros nueve, por el delito que se les procesa, podrían pagar penas de 12 a 28 años, según lo establecido en el Código Penal.
La audiencia terminó después de varias horas de alegato y, ya sobre las 8:00 de la noche del 8 de noviembre, fue suspendida. Este martes 9 de noviembre continuará para definir la medida de aseguramiento de los detenidos.
Se quejan de malos tratos
Los abogados de los presuntos responsables del robo se han quejado de que sus clientes han padecido malos tratos.
Así lo informó a El Colombiano uno de los integrantes de la bancada de la defensa, conformada por nueve abogados, quien solicitó la reserva de su identidad.
La situación se presentó al inicio de las audiencias, en las etapas de legalización de capturas y de elementos incautados, que comenzaron a las 8:30 p.m. del pasado viernes, de manera virtual. Los indiciados estaban en el auditorio de la estación de Policía de Belén.
“Esas audiencias duraron 15 horas ininterrumpidas, en las cuales los procesados estuvieron esposados y anclados a las patas de las sillas. Debido a eso tenían que permanecer inclinados todo ese tiempo, de manera incómoda. Solamente los soltaban de a uno para ir al baño, todo eso quedó grabado”, señaló la fuente.
Agregó que algunos de los defensores se quejaron ante la jueza Tercera Penal Municipal con funciones de control de garantías, quien dirigía la audiencia, pero que ella no les ordenó a los custodios que desamarrar a los presos de las sillas.
La jurista legalizó las capturas de 10 de los 11 sospechosos y ordenó la libertad inmediata de Edien Toscano, un trabajador que había sido apresado por error, cuando los policías lo confundieron con los asaltantes en medio de la balacera ocurrida en las afueras de la fundición de El Poblado, en el suroriente de Medellín, el pasado 4 de noviembre.
Cuatro defensores apelaron la decisión de la jueza, por considerar que el mismo número de capturas fue ilegal. Su solicitud será resuelta por otro juez de conocimiento.
