Álvarez Cárdenas fue condenado por los delitos de prevaricato por acción (autor) y favorecimiento en la fuga de presos (coautor), por lo que el juzgado ordenó su captura inmediata para que cumpla con la sentencia en centro carcelario, ya que le fue negada la prisión domiciliaria.
Según la Fiscalía, Álvarez, quien fungía como comandante de custodia y vigilancia de la cárcel El Buen Pastor, firmó en tiempo récord el permiso para trasladar a Merlano desde el centro carcelario a la cita con el odontólogo en la que se dio a la fuga.
Así mismo, las pruebas recaudadas por la Fiscalía, demostraron que el capitán se encontraba de vacaciones cuando se firmó dicha autorización con la ordenaron el traslado de Aída Merlano de la cárcel del Buen Pastor a un centro de estética odontológica en el norte de Bogotá y fue justamente el uniformado quien firmó ese documento cuando aún se encontraba en periodo de descanso.
Durante el proceso, una de las declaraciones relatadas por el fiscal fue la de Neftalí Rojas quien indicó que a Merlano le autorizaron un tratamiento estético que no tiene nada que ver con su derecho a la salud.
“La orden era para realizar una cita para una operación estética y de manera verbal instó (el Capitán) a sus subalternos para que se cumpliera la orden, violentando protocolos”.
Otra de las declaraciones en contra de Álvarez fue la de la destituida directora de El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz, quien dijo que escuchó por radio que él dio la orden a un sargento para que cumpliera con la remisión de Merlano Rebolledo y que para tal fin designara a personal de la compañía Caldas.
Ese testimonio fue ratificado por otro uniformado que identificaron ante el estrado como Germán Anderson, quien añadió que el sargento le insistió que no tenía personal para cumplir con ese requerimiento.
“El capitán le dijo al sargento que le tenía que solucionar de inmediato el problema con Aída Merlano, toda vez que él no se iba a aguantar otro escándalo de la mencionada interna”, se relató en el proceso.
El juez compulsó copias a la Fiscalía General para que se investiguen a otros funcionarios del Inpec y de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá que habrían tenido participación en la fuga de Aida Merlano y cuyos nombres aparecieron mencionados durante el juicio que duró un año y medio.
Entre tanto, la condena fue apelada por la defensa del capitán Álvarez y será el Tribunal Superior de Bogotá quien determine si el monto de la pena se ajusta a los hechos que fueron materia de investigación por parte de la Fiscalía. Mientras esa situación se define, el uniformado tendrá que ser capturado o entregarse a las autoridades para cumplir con la condena impuesta.
Cabe mencionar que la excongresista Merlano fue detenida, procesada y condenada a 11 años de prisión por conductas de corrupción electoral y compra de votos en la campaña de 2018. Tras su fuga, huyó a Venezuela.
Este año, derivado de ese proceso penal, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a Merlano por el delito de violación de topes o límites de gastos electorales.
Paralela a esta audiencia avanza, ante el juez 20 de conocimiento de Bogotá, la audiencia de juicio oral contra Aída Victoria Merlano, hija de la excongresista, por su presunta participación en la fuga. Sin embargo, el juez impidió el acceso a la medios de comunicación.
