Este era uno de los artículos más polémicos contenidos en el proyecto del presupuesto general para la vigencia del próximo año, pues había generado reacciones negativas desde diferentes esferas de la política nacional y del país en general, que rechazaron la iniciativa por ser innecesaria de cara a los comicios que se celebrarán en 2022 en Colombia.
Aunque la norma aprobada establece que los convenios que se suscriban bajo el amparo de la disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, muchos sectores mostraron su descontento con lo aprobado por el Senado de la República en su sesión plenaria.
Uno de los primeros en señalar como improcedente la norma fue el propio Consejo Gremial Nacional, que antes de la discusión de este martes había solicitado la eliminación del artículo. Los empresarios señalaron que se debían mantener intactos los principios de la Ley de Garantías, con el propósito de que la contratación estatal y los recursos públicos se protejan en los ciclos electorales.
«Así mismo reiteran la inconveniencia de modificar el régimen de Ley de garantías actual, y en tal sentido solicitan al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se elimine dicho artículo del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, para mantener inalteradas las reglas de juego en materia electoral», señaló el gremio.
También hicieron un llamado al Gobierno para que se evaluara la utilización de instrumentos contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las previstas en la Ley 819 de 2003, que permiten la declaratoria de proyectos de inversión como de importancia estratégica que habiliten el uso de Vigencias Futuras ordinarias o excepcionales.
A la aprobación también reaccionó el senador y precandidato Gustavo Petro, quien manifestó que tras la decisión de la plenaria “las elecciones del año entrante no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo a partir de comprar votos con el erario”.
El también precandidato presidencial Rodrigo Lara manifestó que “el gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El Gobierno será recordado por este hito infame”. Lara anunció que esta aprobación será demanda ante la Corte Constitucional.
Katherine Miranda también se mostró en contra de la decisión y la calificó como “un golpe duro a nuestra frágil democracia y a la transparencia de las elecciones del próximo año”. La congresista también señaló que no es posible que el Congreso “haya aprobado un orangután que permita la utilización de los recursos públicos para que se realice fraude contractual y electoral en Colombia”.
La politóloga también anunció que acudirán a la Corte Constitucional para que se caiga este artículo y “los recursos públicos, los impuestos de todos los colombianos no caigan en el bolsillo de los políticos corruptos en Colombia”.
