Según el Sistema de Alertas Tempranas de la institución, las comunidades reportaron, entre finales de julio y agosto de este año, cuatro casos de reclutamiento de menores de edad, lo que se configura en una violación de sus derechos y en flagrantes amenazas contra su vida, libertad, seguridad e integridad personal.
“Resulta grave lo que está pasando en esa región con las comunidades indígenas y por esa razón alertamos a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias que permitan prevenir escenarios de reclutamiento, uso y utilización contra niños, niñas y adolescentes, y asegurar entornos para su protección”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
De la misma forma, el Defensor del Pueblo considera que esta amenaza se puede expandir al río Apaporis y sus comunidades y a la subregión eje Caquetá, pues es una zona estratégica para los grupos armados ilegales, al ser un corredor de movilidad de armas y elementos relacionados con actividades ilícitas como el narcotráfico.
Por esta razón la Defensoría lanzó una alerta temprana que da cuenta del fenómeno en esa zona del departamento de Amazonas, habitada por las comunidades indígenas de Boricada, Bocas del Mirití, Lomalinda, Puerto Córdoba, Kurare, Yavira Angostura, Tanimuka, Yucuna, Renacer, Kamaritagua y Bacurí, pertenecientes a los Resguardos Puerto Córdoba, Curaré-Los Ingleses, Camaritagua, Comeyafú y Yaigojé-Apaporis de Amazonas, donde habitan los pueblos indígenas yucunas, cubeos, tanimukas, letuamas, cabiyaris, matapís, bora miraña y uitotos, entre otros.
“Los intereses de la facción disidente de las Farc sobre La Pedrera no son solamente económicos, ya que busca ‘fortalecerse financieramente’ para engrosar sus filas, dada la vastedad, intereses y el carácter estratégico del territorio que pretenden dominar. Resulta evidente que necesitan vincular más personas a sus filas, por lo que volvemos a advertir sobre eventuales situaciones de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes”, concluyó Carlos Camargo.
