De acuerdo con información preliminar, ‘el zar de la contratación’ tendría información sobre políticos que intentaron intervenir para tratar de frenar la caducidad del contrato, en el que se embolató un anticipo de $70 mil millones.
Los implicados, al parecer, habrían llamado a funcionarios del Gobierno, para advertirles que no caducaran el contrato con Centros Poblados, porque la caducidad implicaría una inhabilidad de contratar con el Estado por cinco años.
Al parecer, la Fiscalía le habría advertido a Tapia que su colaboración no tendría beneficios, no obstante, Tapia pidió garantías para contar la verdad sobre los políticos implicados en este caso, cuyos nombres, por ahora, no se revelan.
Cabe mencionar que, para la Fiscalía, sería Tapia quien a través de terceros, manejaba las empresas que conforman Centros Poblados y en últimas sería él, el articulador la adjudicación del contrato.
