La iniciativa es producto de la autoría del representante a la Cámara José Daniel López, y presentada en compañía del concejal de Bogotá Rolando González y del cirujano Carlos Ríos. También estuvo presente en la radicación la activista Elizabeth Loaiza, víctima de la mala praxis con biopolímeros.
Este congresista dio a conocer los pormenores del proyecto radicado. Afirmó que el articulado busca reglamentar algunos puntos básicos sobre esta problemática. El primero es establecer que los procedimientos quirúrgicos para el retiro de biopolímeros sean reconocidos por los planes obligatorios de salud.
“Muchas personas que se aplicaron los biopolímeros, en un contexto de ignorancia y desinformación, cuando recurren a un médico, les indica que deben hacerse una cirugía de retiro de biopolímeros, pero las Eps no reconocen los casos. Buscamos generar la garantía porque una extracción de biopolímeros puede costar entre $20 millones y $30 millones”. afirmó.
En segundo lugar, el proyecto quiere tipificar la aplicación de biopolímeros como un delito dentro del Código Penal. De esta manera, de ser aprobado, los implicados podrían enfrentar de 20 meses hasta 110 meses de prisión, y el pago de 100 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes; la pena tendrá un agravante si es un médico quien comete el delito.
Adicionalmente, la propuesta quiere promover una serie de medidas de carácter preventivo y pedagógico ante el uso ilegal de la sustancia. En ese sentido, se busca la creación de campañas de sensibilización en medios de comunicación, además de publicidad sobre las instituciones y profesionales que están habilitados para realizar el procedimiento.
También se quiere dotar a las autoridades para que puedan inspeccionar sin aviso previo a los establecimientos que ofrecen procedimientos de este estilo y, de no ser encontrados aptos para ello, podrán enfrentar clausuras.
“Los biopolímeros son útiles en la industria del plástico, pero perjudiciales para la salud humana. Tenemos documentados muchos casos de personas que se han aplicado biopolímeros en contextos de absoluta falta de información por parte de quienes proponen y comercializan estos procedimientos, pues son de muy bajo costo. Tienen que enfrentar consecuencias de salud que van desde la muerte para abajo”, agregó el representante.
Si bien se trata de una propuesta pertinente, aún falta definir su futuro en el Congreso de la República. Por ello, es importante mencionar cuál es el sustento legal con el que cuenta la ciudadanía ante la mala praxis con biopolímeros actualmente.
