Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Iván Duque, quien aunque dijo que acata el reversazo del Acto Legislativo 01 de 2020, puso en firme su deseo de seguir buscando las vías legales para revivirla, ya que desde su campaña electoral esta fue una de sus iniciativas más importantes.
«Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan”, dijo el mandatario.
El representante a la Cámara Gabriel Vallejo compartió palabras en contra de la decisión, diciéndole a los seis magistrados que hundieron la pena que “el deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.” Según él, los togados no actuaron en favor de la justicia.
Sin embargo, esa no es la misma posición que tiene Eduardo Cifuentes, el presidente de la JEP que compartió en la madrugada de este viernes la postura de los seis magistrados de la Corte que votaron a favor de que se cayera la pena perpetua.
En su cuenta de Twitter, Cifuentes manifestó que celebra la ponencia de la togada Cristina Pardo, diciendo que “los castigos deben ser humanos y servir a la resocialización. Solo así podemos y debemos luchar contra la impunidad”.
El caso es que así como hay personas que han dicho que incluso esto es “una burla de la Corte hacia los niños violados” y fueron a protestar ayer al frente del Palacio de Justicia para que la Corte no hundiera la pena, otros sectores opinan que el Gobierno sabía desde hace mucho tiempo que esto era inconstitucional. Es el caso de la congresista Juanita Goebertus. Para ella, “subir las penas no reduce delitos”.
Las soluciones constitucionales
Precisamente, Goebertus recordó que en 12 debates en el Congreso de la República se dieron caminos para prevenir estos casos de violencia sexual contra menores de edad. Algunos de estos van en el sentido de educar en una masculinidad no violenta, ampliar canales de denuncia y fortalecer investigación judicial.
EL COLOMBIANO le consultó a Luisa Fernanda García, directora de la Especialización en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, si la cadena perpetua revisable a los 25 años tiene cabida en el sistema jurídico. La experta dijo que para ello “no hay condiciones en Colombia porque es una justicia politizada que no da garantías”.
De acuerdo a sus palabras, lo más importante no es la cadena perpetua, sino cuestionar el sistema punitivo en Colombia, el cual considera frágil.
Este diario conoció por parte de una fuente de la Corte, que la decisión de los que votaron a favor no desconoce los derechos de los niños, amparados en el artículo 44 de la Constitución Política del 91. El mensaje nació porque en redes sociales los han tildado de ser permisivos con los violadores y asesinos de menores.
Detalles de la decisión
El argumento que prevaleció ayer en la Sala Plena fue el de que “la cadena perpetua es un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la resocialización de las personas condenadas en Colombia”.
Los magistrados José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajardo, Jorge Ibáñez y la ponente Cristina Pardo fueron los que se decantaron a favor de tumbar el Acto Legislativo 01 que avalaba la pena, y el cual sustituía el artículo 34 de la Constitución, que prohibía dicha condena. Dos de ellos, Linares e Ibáñez, aclararon sus votos.
Por otro lado, el presidente del alto tribunal, Antonio José Lizarazo, junto a las togadas Paola Meneses y Gloria Ortiz salvaron su voto, desestimando argumentativamente la demanda y yendo en contra de la sustitución de la Constitución.
De todas formas, en medio del debate público este diario habló con Manuel Alejandro Iturralde, uno de los integrantes del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, el cual interpuso con sus estudiantes la demanda ante el alto tribunal. Para él, la Corte actuó correctamente, y celebra que se haya respetado el Estado Social de Derecho.
