En el marco de la disputa jurídica que libran hace meses el Gobierno Nacional y el Instituto Anticorrupción, se conocieron, a través de un fallo del Consejo de Estado, los detalles de algunos de los contratos que firmó el Ejecutivo con las farmacéuticas para adquirir las vacunas contra el COVID-19.
Según la información publicada, Colombia habría pagado US$12 por cada dosis de la vacuna a Pfizer, mientras el monto por cada una de las de AstraZeneca habría ascendido a US$6. Cabe recordar que los fármacos de estas compañías requieren de la aplicación de dosis para completar el esquema de inmunización.
La publicación de esta información alertó de inmediato al Gobierno, ya que los acuerdos con las farmacéuticas tienen cláusulas de confidencialidad y la revelación de esta información podría poner en riesgo el Plan Nacional de Vacunación que se adelanta en el país y que, con corte al 9 de agosto, registraba 30.639.657 dosis aplicadas.
Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, indicó que se había adelantado un proceso jurídico de solicitudes de información y la Unidad de Gestión de Riesgo había dicho que, la misma, no se podía entregar por estar atada a cláusulas de confidencialidad, las cuales deben respetar.
Ante esto, se presentó un recurso de insistencia y el Tribunal de Cundinamarca falló diciendo que se debía proceder a entregar la información del costo de las vacunas.
Según el documento, el comprador, es decir Colombia, “adquiriría el producto de Pfizer al precio por dosis señalado, excluido el IVA, así como cualquier costo y gasto de nacionalización del producto (…). El precio incluirá todos los costos internos de Pfizer relacionados con la fabricación y entrega del producto”.
Asimismo, el documento detalla que, “como contraprestación parcial por las dosis contratadas, el comprador realizará un pago de anticipo de US$19,99 millones, calculado a razón de US$2 por dosis multiplicado por 9,99 millones de dosis, a Pfizer dentro de los 30 días siguientes al recibo de la factura Pfizer emitida en o posterior a la fecha efectiva (el anticipo)”.
En el caso de la vacuna AstraZeneca, el precio de venta por cada dosis al Gobierno se estableció en US$6.
“AstraZeneca suministrará las dosis totales al comprador a un precio que excluye impuestos indirectos igual a US$59,9 millones (precio total de la compra) reflejando un precio de US$6 por dosis, que es un precio Ex-Factory también conocido como Ex-Works”, se lee en los documentos publicados.
En cuanto a los detalles del contrato, AstraZeneca se comprometía a construir la capacidad de fabricar 9.984.000 dosis de la vacuna para ser entregadas al país. El contrato, no obstante, deja claro que el acuerdo estipulado no equivale a una obligación de compra exclusiva.
«Estamos llegando a lo que parecería ser el final de la gran tramoya jurídica en la que el Gobierno y las farmacéuticas quisieron convertir la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó al Gobierno entregarle al Instituto Anticorrupción una copia de los contratos de vacunas”, dijo Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
Enciso agregó que los contratos se habían tenido ocultos con dos objetivos; “impedir que Colombia y el mundo supiera a qué precios le habían vendido las vacunas a nuestro país, y poner un manto de oscuridad sobre las condiciones favorables a las farmacéuticas”.
En todo caso, la publicación de los documentos ha generado inquietud en el Gobierno, que ha advertido que podría haber consecuencias en el despacho de las vacunas por parte de las farmacéuticas por eventuales afectaciones a las cláusulas de confidencialidad pactadas.
“Tendremos sesión de trabajo con farmacéuticas porque tenemos que evaluar, de cara a una publicación, si se realizan los contratos y en qué afecta el acuerdo de confidencialidad, cuáles pueden ser los impactos de tener esto en términos de despacho o cualquier otra situación en el tema de vacunas”, comentó el funcionario de la presidencia.
Tras lo sucedido, el Consejo de Estado emitió un comunicado en el que indicó que se trató de un «error involuntario», la revelación de la información.
«El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió la información con la salvedad de carácter reservado de algunos de los documentos, entre los cuales se encontraba uno denominado ‘Acuerdo de Fabricación y Suministro entre Pfizer export BV (pebv) y Fiduprevisora S.A.’ y tal documento se incorporó al sistema de gestión judicial sin advertir que, al momento de realizarse dicha actuación perdió los atributos de seguridad con lo que fue enviado», explica la corporación en el comunicado.
Del mismo modo, indicaron que ya se tramita una tutela en contra de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca «en el que se invocan como derechos fundamentales el debido proceso y el acceso a la información de justicia. En este proceso se decretó como prueba el envío de la información que se consideraba relevante para la resolución del caso, entre la cual se encontraban unos contratos que reposaban en dicha situación».
