El anuncio lo realizó el fiscal general, Francisco Barbosa, en una entrevista con la Revista Semana, en la que señaló que los delitos que se le imputarán serán, “homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad”. Dichos hechos tuvieron lugar entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008.
Según las investigaciones, los asesinatos de civiles se dieron para reportarlos por algunos integrantes del Ejército Nacional como resultados operacionales exitosos.
El 20 de noviembre de 2007 el Comando General de las Fuerzas Militares emitió la directiva 300-28, la cual ordenó a todas sus unidades subalternas privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales, sobre las capturas y estas sobre las muertes en combate, es decir, ordenó cambiar las prioridades operacionales.
No obstante, según el fiscal, “después de esa directiva, entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008 se produjeron estas ejecuciones extrajudiciales… El general Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció esta directiva”.
Según la investigación, el general Montoya había recibido muchas quejas de manera directa e indirecta a través del inspector del Ejercito o de sus delegados, sin embargo, según el ente acusador, Montoya “fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones”.
Desde el 20 de noviembre, Montoya recibió la orden de cambiar la forma de evaluar la campaña. Montoya comunicó la nueva directiva, pero según la Fiscalía no la aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes de todos los niveles del mando por la cantidad de muertes en combate reportadas.
En este orden de ideas, de manera consciente, el general Montoya habría desobedecido la orden emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares.
Además, el oficial supuestamente continuó presionando a los cadetes de divisiones, brigadas y batallones del Ejército para que reportaran muertos en combate y cumplieran su política de resultados operacionales, según la cual las muertes en combate eran el único criterio para evaluar la campaña.
Adicionalmente, Montoya organizó las divisiones, brigadas y batallones del Ejército en un ranking de resultados operacionales en el que el orden no fue definido por la cantidad de capturas, sino muertes reportadas en combate.
La Fiscalía tendría elementos de prueba que demuestran que efectivamente Montoya había entregado un plan de condecoraciones, permisos y premios para quienes reportaban mayor muertes en combate, eso habría impulsado a la ejecución de las víctimas.
Según el ente acusador, quienes no reportaban bajas eran puestos bajo el escarnio en todo el Ejército durante los programas radiales y quienes por el contrario reportaban las muertes en combate, eran premiados hasta con ascensos.
La Fiscalía asegura también que el General destruyó evidencia que lo inculpaba sobre los hechos que serán imputados donde quedaba en evidencia sus actuaciones irregulares.
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, evidenció estos motivos jurídicamente relevantes por los cuales el país espera la imputación contra Montoya, quien fue protagonista de hechos de connotación nacional como la operación ‘Jaque’, en la que fue rescatada de manos de las Farc la excandidata presidencial Ingrid Betancur en 2008.
Además, el ente acusador señala que todas las víctimas habrían sido presentadas como un resultado operacional, cuando ninguna en realidad murió en combate. “Todas estas víctimas estaban o fueron colocadas en situación de indefensión o inferioridad… La motivación de los autores era cumplir con su política de muertos en combate y beneficiarse de los permisos, felicitaciones, cursos, condecoraciones contempladas en el plan de Moral y Bienestar definido por Mario Montoya”.
Montoya se acogió a la JEP en 2018, señalando desde el comienzo que no aceptará responsabilidad alguna por tales crímenes.
¿Qué implicaciones tiene esta imputación?
Para muchos lo primero que se debe evaluar es si la Fiscalía puede o no imputar estos delitos, dado que Montoya ya se encuentra compareciendo ante la JEP por el mismo delito y en principio no podría ser juzgado por el mismo hecho en dos jurisdicciones diferentes.
Esta postura es la que defiende Andrés Garzón, abogado de Montoya, quien aseguró que que no hay elementos nuevos en medio de este caso y que la Fiscalía no es la competente para investigar al exmilitar. «No hay posibilidad que haya una imputación en la justicia ordinaria y la Fiscalía pueda solicitar una imputación contra Mario Montoya. Una de las razones es que nadie en Colombia puede ser juzgado en dos jurisdicciones», aseguró el defensor.
Agregó que lo que está haciendo la Fiscalía es lo mismo que hizo la JEP en el año 2019, que es presentar al exmilitar ante la justicia y decirle por qué lo está investigando, “cosa que él ya sabe”.
Garzón asegura que asistirán a todos los llamados de la justicia, pero demostrarán que la petición de la Fiscalía no procede y afecta lo que se ha avanzado en la JEP.
Camilo Eduardo Umaña Hernández, profesor investigador del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, comparte la opinión de la defensa de Montoya y asegura que esta decisión podría generar un ‘choque’ entre las jurisprudencias, en la cual tiene que primar la JEP.
“La JEP tiene una competencia preferente, es decir, tiene prelación sobre los casos que tienen que ver con el conflicto armado y ahí está sometido el general Montoya, entonces, hay que ver cuáles son los casos en concreto que le van a imputar al general Montoya para saber si hay un posible ‘choque’ entre las jurisdicciones”, explicó el abogado.
Agregó que, “la ley es clara y los casos que tienen que ver con el conflicto el armado (como ocurre en este) la JEP es la que tiene que investigar».
Ahora bien, según el penalista el caso se tendrá que revisar con cuidado y observar qué cargos son imputados por la Fiscalía, porque si hay delitos, por ejemplo, de corrupción u ocultamiento de pruebas, eso no sería competencia de la JEP.
El penalista Carlos Iván Pizza también coincide en que existirá un conflicto de competencias entre la Fiscalía y la JEP, “El General Montoya se sometió ante la JEP y se supone que estos asuntos son exclusivos de esa jurisdicción y los demás órganos de investigación y de juzgamiento quedan excluidos».
Pizza agregó que la decisión de la Fiscalía de investigar, «se remite al 2017, cuando el fiscal Fabio Espitia había sacado una resolución diciendo que cuando la JEP entrara en conocimiento de un caso, la Fiscalía no podía adelantar labores de investigación. No obstante, Barbosa se basa en la circular 005 de 2021, que es cuando él mismo saca la resolución que anula la de Espitia y decide que la Fiscalía si puede investigar en el máximo de las posibilidades y eso implica la imputación, que es vincularlo al proceso penal, pero lo que no puede hacer la Fiscalía es solicitar una medida de aseguramiento, porque eso es competencia de la Jep».
Lo que haría la Fiscalía es poder seguir con el proceso en la justicia ordinaria y avanzar en la investigación, para que, si el general Montoya no acepta los cargos en la Jep, a pesar de las pruebas recopiladas, sea expulsado de esta jurisdicción y su caso terminaría aterrizando en la Fiscalía, donde la Fiscalía ya tendría “pruebas contundentes”.
«Lo que se busca de cierta forma es una medida simbólica, en la cual las personas puedan sentir que se está investigando y que se está tratando de hacer justicia», explicó el abogado.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el movimiento Mujeres Caminando por la Verdad en Antioquia, celebraron la decisión de la Fiscalía y aseguraron que la labor del ente investigador no solo debe ser la de la citada imputación sino también investigar sobre su responsabilidad en las operaciones Orión y Mariscal en la Comuna Trece, cuando el militar retirado estaba a la cabeza de la Cuarta Brigada del Ejército como Comandante.
Para las víctimas, el hecho de que Montoya no solo se negó a reconocer su responsabilidad en los hechos investigados por la JEP, sino que también la investigación quedó detenida en la justicia ordinaria, generó una sensación de impunidad en las víctimas, lo que podría solucionarse con este caso.
Los expertos consultados coinciden en advertir que esta imputación no afecta el proceso ante la Jep, pero el conflicto de competencias lo tendría que ser dirimido por la Corte Constitucional.
El proceso ante la JEP
En febrero de 2020, Mario Montoya rindió testimonio ante Jep en el marco del proceso número tres, denominado muertes ilegítimamente registradas en el conflicto armado o más conocidos como ‘falsos positivos’.
La Sala de Reconocimiento de la JEP le ordenó al exoficial comparecer ante esta jurisdicción, ya que ha sido comprometido en varios informes allegados a la corporación y en, por lo menos, once versiones rendidas por miembros de la Fuerza Pública dentro del de los falsos positivos.
En ese entonces, las víctimas, quienes se manifestaron en la Jep, aseguraron que les pareció inaudito que Montoya haya decidido acogerse a su derecho a guardar silencio, eludiendo la obligación que exige el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición de aportar verdad plena sobre los hechos por los que se encuentra investigado relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.
Las víctimas manifestaron que existen 18 versiones voluntarias ante la JEP que han señalado a Montoya Uribe como quien instigó al personal militar para cometer este tipo de delitos, a través de expresiones que, a juicio de las víctimas, «inequívocamente» los llevaron a cometer asesinatos de manera masiva y sistemática.
“En las versiones se han escuchado frases como “necesitamos resultados, litros de sangre”, “La guerra en Colombia se mide en litros de sangre”, y “las bajas no es lo más importante, es lo único”, expresadas de manera repetida a través de las comunicaciones del Ejército en hechos ya documentados ante la JEP, que también han sido de público conocimiento», manifestaron las víctimas.
De acuerdo con las víctimas, las 209 versiones voluntarias rendidas hasta hoy en el caso 003 han permitido identificar la existencia de patrones como la alianza con paramilitares para cometer los crímenes, la utilización de informantes, la construcción de una narrativa común para negar los hechos, el uso, en varias unidades militares del llamado “kit” de legalización -usado para dar apariencia de combate a las ejecuciones extrajudiciales y así uniformar y armar a las víctimas asesinadas-, la alteración de órdenes de batallas y otros documentos oficiales, así como irregularidades en pagos de recompensas, además de las acciones para encubrir dichas prácticas criminales.
