Esta política criminal tendrá siete prioridades: prevención del delito y reducción del homicidio; prevención de violencias basadas en género; disrupción del crimen organizado; prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales; humanización del sistema carcelario; lucha contra la captura del Estado y la corrupción y modernización de la acción estatal para combatir el crimen.
El Ministerio de Justicia aseguró que “este Plan Nacional es fruto de un proceso de construcción iniciado hace dos años, que incluyó más de cien reuniones de trabajo articulado y coordinado con todas las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal, las cuales incluyen a la Rama Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República, y el Gobierno Nacional”.
Así mismo, contempla un enfoque territorial, diferencial, restaurativo, focalizado en contra del crimen organizado para la transición a la paz, y restaurativo, que además propenda por el fortalecimiento de la legitimidad del Estado y de la confianza en las instituciones públicas.
La política estatal advierte que la “sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales”.
El plan fue concertado a lo largo de los últimos dos años por la Procuraduría, el fiscal General, el director del Inpec, el director de la Policía, seis congresistas, y delegados de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros.
