Colgadas de los pies y noches sin comer eran algunos de los maltratos extremos a los que eran sometidos una mujer y sus dos hijas menores de edad por tres integrantes de su propia familia.
La Fiscalía General de la Nación logró de los tres presuntos maltratadores que realizaban castigos crueles e inhumanos durante un periodo de cinco años. Los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2018 y julio de 2023.
Los procesados, identificados como Gladys Sabed Sánchez Becerra, de 41 años, y sus padres, Ofir Cenaida Becerra Ruíz, de 73 años, y Álvaro Sánchez, de 71, enfrentan graves acusaciones que incluyen delitos de trata de personas en la modalidad de servidumbre, tortura, uso de menores para la comisión de delitos, acceso carnal violento y acto sexual violento.
Según la investigación, las víctimas habrían sido sometidas a una serie de actos degradantes y abusos físicos y psicológicos. Se ha revelado que la mujer, madre de las dos menores, fue obligada a realizar trabajos forzados sin recibir compensación económica alguna, mientras que los dineros que debía recibir por la cuota alimentaria de sus hijas eran retenidos.
Además, las víctimas habrían sido golpeadas de manera regular, obligadas a dormir en el suelo, y sometidas a castigos inhumanos como ser sumergidas en baldes de agua fría. Todo ocurrió en fincas ubicadas en el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima).
Uno de los maltratos más aterradores incluye el abuso sexual del que habría sido víctima la madre por parte de Álvaro Sánchez. Según las pruebas recabadas, la habría intimidado con un machete y un revólver para someterla a sus deseos, incluso quemándola con un sartén como castigo por cocinar mal.
La denuncia, que finalmente llevó al arresto de los acusados, fue el resultado de una investigación por parte de las autoridades, quienes lograron recabar suficiente evidencia para que se emitieran las órdenes de captura. Estas fueron ejecutadas en conjunto por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército en la zona rural donde ocurrieron los hechos.
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados en su contra. Por lo tanto, como medida preventiva, los tres han sido enviados a la cárcel mientras continúa el proceso judicial en su contra.
