Esta vez el hospital San Juan de Dios es el origen de un nuevo enfrentamiento entre el presidente, Gustavo Petro, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Todo inició cuando el Jefe de Estado señaló en su cuenta de X la liquidación del contrato entre Copasa y la red hospitalaria centro/oriente de Bogotá, que pretendía dinamitar la torre central del Hospital San Juan de Dios. ”Por ahora quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito”, manifestó Petro.
Ante esto, el Alcalde de Bogotá reaccionó con vehemencia al señalar que “nuevamente vemos con extrema preocupación algunas decisiones del gobierno nacional sobre Bogotá”.
Galán señaló que la decisión del interventor del Gobierno de terminar unilateralmente el contrato para la recuperación del San Juan de Dios pone en riesgo la salud de los bogotanos y el patrimonio de la ciudad.
”Quiero ser muy claro: esta decisión no protege la salud de los bogotanos. Al contrario, pone en riesgo la prestación del servicio de salud, la estabilidad del Sistema Distrital de Salud, e impide la recuperación del San Juan de Dios, ordenada en varias sentencias en los últimos años”, sentenció Galán.
”Igual de preocupante es el riesgo que esta decisión representa para el patrimonio de la ciudad, dado que actualmente existen dos tribunales de arbitramento sobre el contrato, orientados a defender los intereses de Bogotá y de la Nación, cuya estrategia se ve gravemente afectada con la terminación unilateral.
Estos procesos, en conjunto, tienen pretensiones que ascienden a más de 100.000 millones de pesos”, afirmó el mandatario.Añadió que desde 2017 se han adoptado acciones para recuperar el San Juan de Dios, conforme a las especificaciones técnicas y culturales exigidas por la ley, pero que esta decisión que no fueron consultados “nos aleja de ese objetivo y pone en riesgo el patrimonio público”.
Ante este panorama, el alcalde Galán solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que verifiquen si la decisión adoptada respeta la moralidad administrativa y protege el patrimonio público.
Asimismo, señaló que evaluará junto a las secretarías de Salud y Jurídica acciones administrativas y judiciales pertinentes, incluso sin descartar demandas a la nación por la decisión que tomó el Presidente.
