Colombia
Alias ‘Macaco’, condenado a 17 años de cárcel por asesinato de líder sindical Jhon Freddy Marín Toro
Jhon Freddy Marín se desempeñaba como enfermero y era el presidente del sindicato del hospital municipal de Curillo en Caquetá.
Un juez condenó a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, excomandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a 17 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato del líder sindical Jhon Freddy Marín Toro. Este crimen ocurrió el 18 de abril de 2002 en Curillo, Caquetá, y dejó una marca indeleble en la historia del conflicto armado en Colombia.
La decisión judicial se fundamentó en las pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, que demostraron de manera concluyente que Jiménez Naranjo ordenó el asesinato de Marín Toro. Este último se desempeñaba como enfermero y era el presidente del sindicato del hospital municipal de Curillo, un rol que lo colocaba en una posición de liderazgo y vulnerabilidad en una zona afectada por la violencia.
Según las investigaciones, Marín Toro se convirtió en un objetivo para el excomandante paramilitar debido a sus constantes denuncias sobre posibles irregularidades en la administración del hospital.
Estas denuncias, que ponían en evidencia presuntos malos manejos económicos, incomodaban a Jiménez Naranjo, quien además sostenía que el líder sindical tenía supuestos vínculos con grupos guerrilleros de la región. Estas circunstancias habrían sido determinantes para que el entonces jefe paramilitar emitiera la orden de asesinarlo.
Admitió responsabilidad
En una audiencia de aceptación de cargos, Carlos Mario Jiménez admitió su responsabilidad en el homicidio, lo que aceleró el proceso judicial y culminó con la sentencia emitida este martes.
Además de los 17 años de prisión, la condena incluye el pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como compensación por los daños causados.
Jiménez Naranjo también fue inhabilitado por un periodo de 20 años para ejercer cualquier tipo de función pública, una medida que refuerza la gravedad del delito cometido.