Desde Guapi, Cauca, el presidente Gustavo Petro se pronunció ante la reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, a quien el Ministerio Público lo investiga por presuntas irregularidades en un millonario proceso licitatorio.
En medio de su intervención, el jefe de Estado cuestionó la decisión de la Procuraduría y afirmó que no lo quieren dejar gobernar tal y como sucedió en Bogotá cuando fue Alcalde.
«Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar la gente abandonada no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, democrático», afirmó el mandatario de los colombianos.
Sus declaraciones se dan también en medio de un intenso debate que ha sostenido con la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien en repetidas ocasiones ha cuestionado al mandatario y sus iniciativas para alcanzar la denominada paz total.
La suspensión del Canciller
La Procuraduría General de la Nación resolvió suspender y apartar del cargo por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores y Canciller, Álvaro Leyva Durán, debido a presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.
A finales del 2023 la Cancillería avanzaba con una millonaria licitación para imprimir los pasaportes en Colombia. Sin embargo, tanto la Procuraduría como la Contraloría alertaron sobre las presuntas irregularidades que tenía el proceso, el cual estaría direccionado.
En diciembre del año pasado, el Ministerio Público hizo una inspección en la sede de la Cancillería en medio del proceso disciplinario que se abrió en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.
Las controversias por la millonaria licitación, que fue declarada desierta, generaron una demanda por parte de la empresa Thomas Greg And Sons que quería quedarse una vez más con el contrato para pasaportes. Tras la decisión de la Cancillería, la empresa demandó al Estado que tiene en este momento enfrentado al Gobierno con el licitante.
