Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos emitió resolución de acusación en contra de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, por su posible participación en la denominada masacre de La Granja, ocurrida en zona rural de Ituango, el 11 de junio de 1996.
Este hombre, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), habría dispuesto de recursos, armas, uniformes y otros elementos para organizar a las estructuras paramilitares que irrumpieron al corregimiento La Granja y con lista en mano buscaron a habitantes señalados equivocadamente de apoyar a otras organizaciones ilegales que delinquían en la región.
Durante el recorrido, el grupo perteneciente al entonces Bloque Mineros asesinó a cuatro personas, entre ellas a una mujer, un joven con discapacidad cognitiva y un profesor.
Por estos hechos, Jacinto Alberto Soto Toro deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
En el curso de esta investigación la Fiscalía estableció que alias Lucas, desde una oficina ubicada en el parqueadero Padilla, en Medellín (Antioquia), al parecer, planeó y direccionó dineros para que diferentes estructuras de la ACCU ejecutaran homicidios y otras conductas delictivas calificadas como crímenes de lesa humanidad y que constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1994 y 1998.
