El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó que los sectores comerciales e industriales y los usuarios de estratos altos pagarán más en sus facturas para subsidiar el servicio de energía eléctrica en La Guajira.
Así se conoció al mediodía de hoy, cuando el Gobierno publicó el Decreto 1276 del 31 de julio. Este documento estipula un recaudo adicional para el comercio e industrias de $5.000 en la tarifa de energía, mientras que para los estratos 4, 5 y 6, será de $1.000 adicionales, bajo la figura del “Aporte Departamento de La Guajira”.
Esta medida hace parte del paquete de decretos de la Administración Petro para atender la emergencia económica y social en La Guajira, como una forma de dar soluciones energéticas a este departamento de la Costa Caribe.
Con esto, en el documento se asegura que se podrían recaudar más de $51.000 millones.
En Santander, esta medida aplicará para los 130.477 usuarios de estratos 4, 5 y 6 que tiene registrados la Electrificadora de Santander (Essa) a corte de junio; y para 84.205 establecimientos industriales y de comercio.
Detalles
El decreto explica que a partir del estrato 4 los valores promedio a pagar son superiores a $100.000, por lo tanto estos usuarios tienen capacidad de pago, lo que permite generar un aporte en el valor a pagar de cada factura que no afecte de manera sustancial su condición de pago.
Añadió que de enero a mayo se ha realizado la prestación del servicio a un promedio de 3’216.987 usuarios pertenecientes a estratos 4, 5 y 6, más los de sectores comerciales e industriales.
“El porcentaje de estos usuarios corresponde a 19 % del total de usuarios del país, que como se indicó, corresponden a los usuarios que mayor valor a pagar mensualmente tienen, y cuyo poder adquisitivo pudiera aportar para la condición de emergencia”, precisó el decreto.
El Gobierno Petro anunció que su objetivo es financiar parte de los $1,56 billones que se requieren para lograr la universalización del acceso a la energía eléctrica en La Guajira. Esta medida podría extenderse más allá del término de seis meses, si así lo decidiera el Congreso dentro del año siguiente.
¿Cómo será el pago?
La reglamentación puntualizó que los pagos serán recaudados por el emisor de la factura, quien deberá poner a disposición del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni) los montos recaudados por este concepto. La administración de los fondos recaudados lo hará el Ministerio de Minas y Energía.
Además, dicho decreto especificó que el no pago de la contribución a la que se refiere el inciso anterior tendrá las mismas consecuencias que el no pago del servicio.
Los recursos recaudados se destinarán específicamente a soluciones energéticas en el departamento de La Guajira en Zonas No Interconectadas (ZNI) para la población rural.
¿Política asistencialista?
Ante esta decisión del Gobierno, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, explicó que en Colombia, desde la creación de la las leyes 142 y 143 de 1994, existe un sistema de subsidios y contribuciones que ha permitido que los colombianos de mayores ingresos y de estratos altos, así como del sector comercial e industrial, aporten para garantizar el suministro de energía de los más vulnerables. Esto ha permitido mejorar la confiabilidad en la prestación del servicio a los colombianos de menores posibilidades de estratos 1, 2 y 3.
“Esta medida recoge la filosofía de dicho sistema, con la diferencia que en esta ocasión la clase media y media alta que hace parte del estrato 4 entra a contribuir”, precisó Vera.
El experto advierte que lo fundamental es que sea una medida temporal y excepcional, que vaya acompañada de acciones e inversiones muy precisas que permitan garantizar la provisión de energía en La Guajira y que dichos recursos no terminen difuminados en gasto improductivo o no corrijan estructuralmente la situación actual en dicha región.
“Si es así, creo que es una medida adecuada y redistributiva, en la cual un grupo importante de la población hace un esfuerzo por ayudar y beneficiar a sus compatriotas en momentos de dificultad, pero exige una gran responsabilidad del Gobierno en su control y una adecuada y pronta aplicación”.
Vera recalcó que esta decisión no debe convertirse en regla general, dado que generalizar este tipo de medidas sería una señal inadecuada para la población colombiana, tanto para los que tendrían que contribuir por sus impactos económicos, como para los que reciben este beneficio, que no deben depender en su desarrollo económico y social de políticas asistencialistas.
Otras medidas
En el acto administrativo se establecieron las siguientes medidas:
1. Se autoriza y ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para crear un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio para La Guajira, que asegurará la prestación del servicio, enfocado en la atención de áreas vulnerables.
2. Se da prioridad a los proyectos de energías verdes para la asignación de cargo por confiabilidad y se otorgan beneficios tributarios a esquemas de almacenamiento, baterías, estabilidad de la red y servicios complementarios.
3. La Creg tomará las medidas para que Ecopetrol puede ejecutar proyectos de generación de fuentes no convencionales de energías renovables.
4. Los contratos de suministro de energía media anual de largo plazo, otorgados en las subastas de 2019 y 2021, los cuales dependían de la entrada en operación de los proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable que se ejecutan en La Guajira, se modifican en el sentido de suspender temporalmente la obligación hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y con julio de 2025 como plazo máximo.
5. Hasta 2026 se apropian recursos y se prestará garantía de la nación para que Gecelca S.A., empresa pública, inicie la transformación de las termoeléctricas de carbón Guajira 1 y Guajira 2 para que operen con energías renovables no convencionales.
