Anapoima, ese bello municipio de Cundinamarca donde tienen finca los más poderosos de este país, fue testigo del descalabro de varios de ellos, cuando las autoridades llegaron a capturarlos y a incautarles bienes por 1,3 billones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía y la Dijín, al menos 17 personas, entre ellos altos ejecutivos, tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado, por presuntamente orquestar un esquema delictivo que permitía la exportación de crudo venezolano que estaba sancionado por Estados Unidos, aprovechando el petróleo que era robado por el ELN del oleoducto Caño Limón Coveñas.
A estas personas se les incautaron bienes por 1,3 billones de pesos representados en 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio.
Las denuncias
Las primeras denuncias públicas las hizo hace un año la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. En un extenso reportaje dio cuenta de que la Policía Nacional rastreó 13 operaciones ilegales para descubrir una red de contrabando que habría abierto una ruta ilegal para llevar crudo venezolano al exterior.
En ese momento, el general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, aseguró: “Mensualmente, si hacemos un cálculo, estaríamos hablando de un millón de barriles que serían exportados, con todos los trámites legales, con toda la parte técnica. Era un tema tan técnico que engañaban a las mismas autoridades, con una ganancia aproximadamente de 10 millones de dólares mensuales. Nosotros creemos que puede ser más”.
Colombia junto con la agencia federal estadounidense ICE identificaron que la ruta comenzaba en el Caribe, luego de rastrear e identificar a tres cargueros que estaban en alta mar, supuestamente, con toda la documentación en regla, pero esta había sido falsificada.
En este proceso ya se hicieron reconocer como víctimas Ecopetrol, Cenit, y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S. cuya defensa la ejerce el abogado penalista Jaime Granados, esto por la preocupación que les genera la pérdida de confianza en el mercado global.
De hecho, el presidente Gustavo Petro instó a las autoridades a seguir investigando, aún dentro de la petrolera estatal, pues los delincuentes se habrían robado 80 millones de dólares.
Así va la investigación
Las autoridades han logrado establecer que para darle apariencia de legalidad a este entramado, habrían participado 40 compañías legalmente constituidas en este país, utilizando personerías jurídicas, permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las cámaras de comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y la comercialización de hidrocarburos.
Por estos hechos fueron imputadas tres personas: Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una compañía de petróleos señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización; Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa que, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslados de los combustibles; y Catalina Quintero Rincón, quien sería la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos con el fin de realizar la transformación del crudo para su posterior comercialización.
Estos ejecutivos enfrentarán procesos judiciales, así como las cinco personas capturadas en Girón y Bucaramanga (Santander) cuyos nexos con el ELN están por comprobarse. Ellos habrían sido los responsables del robo al oleoducto. Entre ellos está Albaneris Pérez Garavis, alias La Patrona o La Mona, quien sería la encargada de financiar toda la actividad ilegal y de proveer altas sumas de dinero a las estructuras de la guerrilla que tienen injerencia en la región.
Finalmente, fueron capturadas seis personas que harían parte de una organización a la que se le atribuye la expedición de los documentos falsos, el almacenamiento y transporte del hidrocarburo extraído ilícitamente del oleoducto de Caño Limón – Coveñas, en el sector de astilleros, en inmediaciones de Cúcuta (Norte de Santander).
La investigación indica que este grupo habría intervenido las líneas de transferencia de los pozos de explotación y extracción del crudo. Luego, a través de vehículos cisterna, enviaban el combustible a centros de acopio en Ocaña (Norte de Santander), Aguachica (Cesar), Barrancabermeja (Santander) y Madrid (Cundinamarca).
En esta redada, los capturados fueron Catalina Quintero, administradora de una planta de asfalto en Barrancabermeja (Santander) señalada de facilitar la adquisición y acopio del crudo; Flor Mary Triviño Yopasa, propietaria y administradora de un parqueadero donde se hacía el cargue del hidrocarburo hurtado; John Alejandro Acosta Chacón, presunto coordinador logístico; Luis Andelfo Contreras, estaría involucrado en la obtención de manifiestos de carga falsos para amparar el transporte del combustible; y José Javier Ocampo San Juan y Elkin Orlando Gómez Álvarez, conductores.
