El senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, interpuso una denuncia en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien según confirmaron medios de comunicación, habría utilizado su cargo para que su hijo menor de edad pudiera salir durante el mes de enero del país sin contar con los requisitos legales.
«Denunciada. No es posible que por tener un alto cargo quiera pasar por encima de la Ley. Con número de radicado 202331966 denuncié a Irene, ministra de Minas, por aparente tráfico de influencias para que un funcionario de Migración Colombia la favoreciera y no cumpliera la ley», anunció el congresista santandereano en su cuenta de Twitter.
Y es que precisamente la semana anterior el nombre de la funcionaria del Alto Gobierno volvió a ser noticia luego de que Migración Colombia abriera una indagación disciplinaria para determinar si el hijo menor de Vélez salió del país durante el mes de enero sin los documentos requeridos por la entidad.
«En referencia a la presunta salida irregular de menor de edad del país, hijo de una alta funcionaria, Migración Colombia informa que se adelanta actuación disciplinaria dentro de los términos legales y está bajo reserva (art. 115 Código General Disciplinario)», afirmó la entidad de control liderada por Fernando García.
El polémico caso que pondrá a Vélez a responder, se registró en enero cuando el esposo de la funcionaria, Sjoerd Van Groothesst y su hijo salieron del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, rumbo a España donde se reunirían con la Ministra, quien se encontraba en el Foro Económico de Davos, Suiza.
Según pudo establecer la Unidad Investigativa de El Tiempo, la misma ministra Irene Vélez habría enviado un correo electrónico y habría hecho una llamada para «destrabar» la salida de su hijo menor de edad del país.
El contrato de Sjoerd Van Groothesst
En la última semana el nombre de Irene Vélez volvió a la opinión pública luego de que se conociera que su esposo Sjoerd Van Groothesst recibió un contrato con el Fondo Colombia en Paz como estratega de comunicación de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos en Colombia.
Este contrato por $128 millones puso a la funcionaria a dar explicaciones, si en la Función Pública no declaró conflicto de intereses con funcionarios y tampoco marcó la casilla de relación sentimental.
«Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo. Sobre el documento ‘declaración de bienes y conflictos de interés’ publicado por la Función Pública, hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido», respondió la funcionaria.
Sin embargo, desde el Fondo Colombia en Paz aseguraron que la hoja de vida del esposo de la Ministra fue recomendada, aunque no se ha confirmado por quién.
