Una ola de denuncias llegó hasta el escritorio de Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humano, una organización no gubernamental que se ha encargado de documentar 20 casos de colombianos que llegaron a probar suerte en El Salvador, pero fueron arrestados por supuestamente pertenecer a pandillas. Mientras tanto, en Colombia, los familiares buscan todos los medios para que los liberen.
Esa es la historia de Andrés Castañeda, un hombre de 31 años al que le hablaron de una oportunidad laboral en ese país. Se trataba de un negocio lucrativo relacionado con bitcoin. Castañeda empacó maletas y se fue para El Salvador, pero un par de días después de pisar suelo extranjero, no se volvió a saber nada de su paradero.
La primera en denunciar fue su esposa, Alejandra Muñoz, quien días más tarde supo que Andrés estaba detenido desde el 7 de diciembre del 2022. “Nunca pensamos que esto nos podría pasar a nosotros, porque mi esposo buscando mejores oportunidades llegó a El Salvador y solamente pasaron unos días y no volvimos a saber nada de él”, relató.
Lo cierto es que Andrés salió de Colombia para probar suerte en ese país y tener mejores ingresos económicos, un cambio de vida, pero lo que encontró fue “cárcel, tortura y violación a los derechos fundamentales”, señaló Ingrid Escobar.
Precisamente, Alejandra se comunicó con Ingrid y en una videollamada le contó su historia.
Andrés era mensajero en Colombia y tiene dos hijos con Alejandra. Cuando supo del negocio se alegró porque era una oportunidad para cambiar la vida de su familia. Sin embargo, han pasado seis meses desde la detención y la situación se hace cada vez más compleja acá en Colombia y allá en El Salvador.
Por eso, Alejandra ha tocado todas las puertas para que las autoridades revisen el caso de su esposo y lo liberen. Lo grave del asunto, es que Andrés fue detenido bajo régimen de excepción y no tiene derecho a la defensa
A la historia de Andrés, se suman otros 19 colombianos que están detenidos al parecer sin justa causa. “Tenemos alrededor de 20 denuncias de colombianos capturados (…) todos detenidos como si fueran miembros de asociaciones ilícitas”, explicó Ingrid.
Y el Gobierno de Nayib Bukele se mantiene en esa posición: pertenecen a las pandillas y deben estar detenidos.
Ingrid también ha tenido videollamadas con las familias de otros salvadoreños como Salvador Alfaro, Carlos Alfaro, Marvín Alfaro, Denis Valladares y Kevin Ramírez, detenidos bajo el mismo argumento. Sin embargo, la denuncia de sus familiares es que son inocentes y piden que por lo menos los dejen conocer el estado de salud de los detenidos que ajustan varios meses en prisión.
Las organizaciones humanitarias han registrado por lo menos 5.082 víctimas de violaciones de derechos humanos durante el Gobierno Bukele. El registro principal han sido las detenciones arbitrarias que suman al rededor de 70.000 arrestos durante más de un año de vigencia.
