En una pequeña y desconocida oficina en el centro de Bogotá funciona desde hace casi 15 años un equipo élite encargado de velar por la seguridad del Presidente de la República. Ese despacho, al que solo funcionarios de más alto nivel de inteligencia tienen acceso, recibió el pasado miércoles una inspección de la Fiscalía General de la Nación.
A pesar de su cercanía con el Palacio Presidencial, hasta hace una semana el aburrido y apático edificio Serum pasaba ignorado y desapercibido por las siglas enormes y siempre repelentes que tiene a su entrada: “DIAN”.
Apenas este miércoles se supo que en el ala sur del Serum, en el piso 13, en unas oficinas diminutas para el tamaño de las decisiones que allí se toman, funciona parte de la Jefatura de protección para la Presidencia. Una dependencia de entre 600 y 700 funcionarios encargados de la seguridad del presidente, la vicepresidenta y sus familias. Ahí se define cuántos escoltas necesita el presidente para comer en una olla comunitaria en Magangué o cuántos drones se requieren para vigilar su encuentro con Nicolás Maduro en Venezuela. Paradójicamente, los policías y militares que trabajan allí tienen que garantizar que al presidente no lo estén grabando ni monitoreando sin su consentimiento.
Pero el manual de funciones de esta jefatura de seguridad no se limitaba a proteger las salidas de campo del presidente, la vicepresidenta y sus familias, sino también de “Velar por la seguridad de los altos funcionarios de la Presidencia de la República que por la naturaleza del cargo y funciones así lo requieran”. De manera que desde allí también debían cuidar a Laura Sarabia, la sombra del presidente hasta hace unos días cuando le estalló el escándalo de las chuzadas a su niñera. Un robo de una maleta llena de efectivo dentro de su casa sería una negligencia de su parte.
Además, según el manual de funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), que Petro actualizó el 30 de diciembre del 2022, Sarabia como jefa de gabinete quedó al mando de esta jefatura. Por esto es que la Fiscalía tiene indicios de que fue en ese lugar desde donde se escucharon y analizaron las conversaciones de la niñera Marelbys durante los 10 días que duró la interceptación.
Esa visita de la Fiscalía a su más alto círculo de seguridad enfureció al presidente Petro. Según él, lo único que hay que ver en la enigmática oficina del piso 13 del Serum son “arañas y telarañas que dejaron los gobiernos de Duque y Santos”.
El presidente retó al fiscal a seguir con sus inspecciones en las sedes del gobierno: “Pueden allanar el Palacio, pueden allanar si quieren el Ejército, la Policía actual y no encontrarán una sola evidencia, de eso estoy absolutamente seguro, de que seamos un gobierno violador de los derechos”, dijo en medio de las manifestaciones que convocó esta semana a las que solo asistieron, según la Policía, 20.000 personas en todo el país.
Mientras el presidente Gustavo Petro salía a las calles acompañado de su fanaticada para defender las reformas y presionar al Congreso, al Fiscal y a la prensa, investigadores del CTI sacaban información de computadores y archivadores que les permita determinar si desde allí se ordenaron las chuzadas a Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia, cuyo testimonio publicado por la revista Semana fue el punto de partida de la que hasta ahora ha sido la peor crisis del gobierno Petro.
A esa inédita inspección se refería el presidente cuando desde una pequeña tarima en la Carrera Séptima en Bogotá gritó indignado: “Semana ordena y el CTI obedece”.
El niñeragate
Hace casi dos semanas la Revista publicó una entrevista donde Meza denunciaba que la habían acusado de la pérdida de una maleta llena de dinero en la casa de Sarabia, la mujer más poderosa del gobierno hasta esa publicación. Meza dijo que la llevaron a los sótanos del edificio Luis Carlos Galán (al frente de la Casa de Nariño) para practicarle la prueba del polígrafo. Allí, según ella, tres hombres de la Policía vestidos de civil la amenazaron y la intimidaron para que confesara un delito que no habría cometido. “Siento que me persiguen, que tengo el teléfono chuzado, estoy en mi casa y siento que están ahí. Siempre está un carro todo el día parqueado”, le dijo Marelbys a Semana.
Cuatro días más tarde, la revista Cambio confirmó que efectivamente el teléfono de Marelbys había sido interceptado sin una orden judicial. Para poder escuchar sus conversaciones, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijin) le pidió a la Fiscalía que interceptara el número de Marelbys porque supuestamente era alias “La Cocinera” de alias “Sopas”, el cabecilla de este grupo delincuencial que fue asesinado en marzo de este año en Antioquia.
Además del teléfono de Marelbys, la Dijin también le pidió a la Fiscalía interceptar el teléfono de Fabiola Perea, la otra empleada doméstica de Sarabia, quien supuestamente era alias “La Madrina” y también pertenecía al Clan del Golfo.
Esa información publicada por Cambio fue confirmada al otro día muy temprano, el pasado primero de junio, por el fiscal general Francisco Barbosa, que no desaprovecha ninguna de las muchas oportunidades que le da el gobierno Petro para mostrarse como un guardián de la democracia del país. “Las chuzadas han retornado a Colombia”, sentenció.
En su misión de esclarecer los hechos, la Fiscalía ha inspeccionado dos lugares clave. El primero fue el sótano del edificio Luis Carlos Galán, al frente de Palacio, donde le practicaron la prueba del polígrafo a Marelbys. Allí, la Fiscalía recopiló los audios del interrogatorio. El segundo fue el piso 13 del edificio Serum.
¿Quién responde por las chuzadas?
Los teléfonos de Marelbys y Fabiola estuvieron interceptados durante 10 días, desde el 30 de enero, días después de que en la casa de Sarabia se perdiera la plata. Según la Policía, solo se demoraron dos días en advertir que se trataba de un error y le avisaron a la Fiscalía que suspendiera las interceptaciones, pero esto solo se hizo siete días después, el 9 de febrero.
En medio de la investigación del caso, la Fiscalía ha citado a declarar libremente a tres patrulleros y un intendente de la Policía del Chocó quienes habrían solicitado las interceptaciones. Uno de ellos asistió esta semana y declaró que quien les había dicho que el número de la exniñera de Sarabia era del Clan del Golfo había sido una fuente humana que en el pasado les había dado información valiosa sobre ese grupo armado.
La hipótesis de la defensa de los patrulleros es que todo se trató de una trampa de la Fiscalía para ensuciar al gobierno. En la mañana de este jueves uno de los patrulleros del equipo que firmó la orden de interceptación llegó a la Fiscalía a dar su declaración, pero decidió guardar silencio alegando que estos interrogatorios no les dan garantías. Además, le exigen a la Fiscalía una explicación de por qué se demoraron siete días en detener las escuchas ilegales y por qué, si tenían información de estas desde febrero, apenas lo hicieron público en junio, cuando estalló el escándalo.
El gobierno ha negado desde el principio tener algo que ver en las interceptaciones. Incluso después de despedir a Sarabia y a Benedetti tras el escándalo por la niñera (en ese punto no se habían filtrado los audios del exembajador) Petro defendió la inocencia de todos sus funcionarios. “Cualquier chuzada ilegal se trate de un funcionario encumbrado o del ser más débil económicamente, son violaciones de derechos humanos. El gobierno del cambio no las permite, ni las ha hecho, ni las hará”, escribió el presidente Petro en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, Armando Benedetti, el exembajador de Colombia en Venezuela y la mano derecha de Petro en campaña, ha dicho en varios medios de comunicación desde que fue despedido que él tenía la certeza de que “Laura chuzaba”. “Ella sabe muchas cosas sin que uno se las haya dicho. Puede ser una chuzada, o puede ser incidencias de gente cercana a uno, pero yo me voy por la primera”, le dijo el excongresista a la revista Semana.
