Más de cien reconocidos especialistas en temas de salud y económicos le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro que retire el proyecto de reforma a la salud que cursa en el Congreso y que “abra una mesa técnica en la que todos los sectores relevantes puedan participar activamente” para construir una nueva propuesta.
“Aún es posible consensuar un cambio en el sistema de salud de los colombianos que represente un avance respecto en la situación actual y no un retroceso en el derecho a la salud, en la calidad y en la eficiencia del sistema”, dicen los firmantes.
Entre quienes suscriben la misiva están Armando Montenegro, Antonio Celia, Carlos Caballero, Carlos Gustavo Cano, Carolina Barco, Cecilia María Vélez, Juan Carlos Echeverry, Juan José Echavarría, Juan Ricardo Ortega, María Mercedes Cuéllar, Moisés Wasserman, Noemí Sanín, Rosario Córdoba, Rudolf Hommes y Salomón Kalmanovitz.
“En primer lugar consideramos importante señalar, dicen los firmantes, que el proceso llevado a cabo hasta el momento ha carecido de una participación amplia y transparente por parte de toda la sociedad. A pesar de que numerosas voces de expertos, usuarios, pacientes, hospitales, empresarios, médicos y trabajadores del sector salud han expresado sus preocupaciones y planteamientos, estas no han sido debidamente tomadas en cuenta”.
“La discusión ha parecido un monólogo en el que se ha impuesto una única visión, que no considera los riesgos que podríamos enfrentar al realizar cambios tan drásticos en el sistema de salud de los colombianos sin aprovechar la estructura existente para mejorarla y reducir de esa manera el riesgo de implementación de los cambios”, añaden.
Y continúan: “El texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara deja más incertidumbres que certezas. El paso de un modelo de aseguramiento mixto como el que tenemos actualmente, a uno completamente estatal en el aseguramiento, plantea desafíos extremos e innecesarios que sobrepasan las capacidades de nuestro país y su sector público, y que podrían generar consecuencias nefastas en el ámbito social, generando retrocesos en salud pública y en materia de equidad y pobreza, afectando la dignidad y la vida de muchos ciudadanos del común”.
Agregan que “lo planteado hasta ahora también hace prever retrocesos en materia de derechos que hoy gozamos los usuarios del Sistema de Salud: perdemos el derecho a elegir nuestro asegurador, en la portabilidad del servicio en el territorio nacional, en contar con un Plan de Beneficios en Salud claro y exigible en todos los niveles de atención, el que además es igual para todos sin importar la capacidad de pago”.
En un tono conciliador, pero enfático, los firmantes manifiestan: “Compartimos el objetivo de ofrecer mejores servicios de salud en las áreas rurales y la preocupación del Gobierno respecto a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Sin embargo, consideramos que la reforma que actualmente se debate en el Congreso no es la solución más adecuada para lograr estos objetivos, y responder a esas preocupaciones porque pierde de vista los avances significativos que se han logrado hasta el momento en materia de salud”.
“Es claro que el sistema actual adolece de muchas fallas de diseño, pero el propuesto no contempla la posibilidad de mejorarlo, sino que augura lo contrario. En particular, es crucial mencionar que la reforma conlleva riesgos fiscales considerablemente altos, al igual que la advertencia de diversos actores sobre la prohibición constitucional de medidas regresivas”.
“Por ello, le solicitamos, con amabilidad y confianza en su liderazgo, que haga una pausa en el proceso, retire la propuesta como lo han solicitado otros por distintas razones válidas”, enfatizan los exfuncionarios firmantes.
