La ‘Villa de Céspedes’ vivió una jornada de disturbios y actos vandálicos, en medio de la cual fue incendiado el Palacio de Justicia y fueron atacados locales comerciales, entidades bancarias y otros edificios gubernamentales.
«Tuluá venía siendo ejemplo a nivel nacional en comportamiento, durante los actos propios de la protesta, pero este martes ha sido vandalizada», aseguró Gómez Aguirre.
El mandatario local enfatizó que su Gobierno ha hecho parte de distintas mesas de diálogo a las que ha sido citado, con campesinos, manifestantes y empresarios, para llegar a acuerdos que permitan resolver las problemáticas planteadas durante el Paro Nacional.
«Lamentablemente, un grupo de personas, sin amor, sin respeto, por la ciudad y por los demás, la ha vandalizado. Ha causado daño a la infraestructura de tránsito, como semáforos y señales; ha vandalizado y destruido un edificio tan importante, hermoso, emblemático e histórico como el Palacio de Justicia, pérdida que no es reparable», sostuvo.
Y ahondó en que «han atacado y vandalizado la Alcaldía Municipal, el departamento de Agricultura, el departamento de Tránsito, las empresas municipales y han afectado el patrimonio de tulueños, emprendedores, empresarios que generan empleo en la ciudad, atacando estos negocios en el centro de la misma».
Aseguró que Tuluá se sumó así a la lista de municipios del país en que se presenta una reacción violenta por parte de los manifestantes que hacen parte de los bloqueos, luego de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, realizara una intervención de los puntos de obstrucción, por orden presidencial. «Han superado la capacidad de reacción de la fuerza pública», advirtió.
A raíz de la situación, Gómez Aguirre anunció que decretó el toque de queda en el municipio entre las 10:00 p,m. y las 5:00 a.m.
«Estamos aquí trabajando en el PMU para reforzar las medidas tomadas y poder devolverle la tranquilidad a tulueños y tulueños. Hago un llamado a tener paciencia, calma, a no desfallecer. De este episodio saldremos adelante y fortalecidos», afirmó.
Y concluyó: «invitamos al diálogo a los jóvenes de la protesta y también al Gobierno Nacional, para que antes de tomar estas decisiones consulte con las autoridades locales y mida la capacidad de la fuerza para que no vuelva a ser superada».
Rechazo del Gobierno
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, rechazaron los hechos ocurridos en el municipio vallecaucano.
«Ataques como los ocurridos en Tuluá son profundamente dolorosos. Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo», aseveró Ruiz Orejuela.
Y enfatizó: «estos hechos condenables dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas».
El fiscal Barbosa también calificó los hechos como «actos de terrorismo» y expresó su rechazo vehemente.
«La Fiscalía General de la Nación priorizará esta investigación y esclarecerá los hechos. Queremos decirle a la ciudadanía y al país que debe respetarse a la rama judicial del poder público en Colombia», afirmó Barbosa.
Y recalcó: «nuestros magistrados, jueces, fiscales, investigadores y todas las personas que hacen parte de la rama judicial le cumplen un servicio al país y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de sus funciones».
