Un grupo de más de cien exfuncionarios públicos y ciudadanos de diferentes instituciones envió este miércoles una carta al presidente Gustavo Petro y a los líderes de las ramas del poder público.
La carta, que hace referencia al informe publicado por el Partido Liberal titulado ‘Documento, análisis y consideraciones del expresidente de Colombia’, César Gaviria Trujillo, sobre los servicios públicos en el país’, manifestó el apoyo a dicho documento e invitó a las tres ramas del poder público, así como a los medios de comunicación y a la opinión pública, a estudiarlo con especial atención.
“Construir lo que hoy tenemos no ha sido tarea fácil, los servicios públicos son un patrimonio y un derecho de todos los colombianos. Es necesario elevar la alerta y la preocupación dadas las consecuencias que pueden tener las acciones y anuncios por parte del Gobierno Nacional, de asumir las funciones de la comisión de regulación de energía y gas y/o derogar el marco jurídico actual”, se lee en la carta.
Los exfuncionarios advirtieron que, aún con buenas intenciones, las malas decisiones pueden retroceder al país 50 años y “conducir a una situación que todos lamentaremos. Hemos recorrido una historia con costosos aprendizajes y debemos evitar repetir los errores”.
Asimismo, lo firmantes anotaron que el documento del Partido Liberal expone los antecedentes que llevaron a diseñar un marco jurídico, institucional y regulatorio a partir de las Leyes 142 y 143 de 1994. Este, según el documento, ha permitido que en los últimos 30 años en el país se pasara del apagón de los 90 y de una situación precaria en cobertura y calidad a un sistema de confiabilidad energética, “una cobertura que paso de 74% a cerca del 98% en electricidad y de 9% a 64% en gas y una calidad adecuada, con excepción de aquellas geografías que no han contado con un prestador de servicios idóneo”.
También anotaron que si bien reconocen que aún persisten retos que requieren atención inmediata, como son el aumento de cobertura en zonas rurales aisladas, la mejora en la prestación de servicios en la costa caribe, una mayor apertura a nuevos agentes e innovaciones, una mejor focalización de subsidios y el fortalecimiento de las capacidades de regulación y supervisión; tienen el convencimiento que estos desafíos deben y pueden corregirse haciendo los cambios que se requieran dentro del marco jurídico e institucional existente.
“Es innecesario e improcedente derogar las leyes 142 y 143 de 1994, o desconocer las comisiones de regulación. Esto solo llevará a una alta incertidumbre sobre las reglas de juego, lo que afectará de manera inmediata las inversiones en servicios públicos. Menores inversiones resultarán rápidamente en un aumento de riesgo en la confiabilidad energética y nos hará retroceder en los avances en cobertura, calidad y eficiencia”, puntualizaron los exfuncionarios.
