Las críticas hacia el proyecto de ley de reforma a la salud que radicó el Gobierno Nacional, no paran. No solo fue un grupo de congresistas quienes advirtieron que el articulado podría tener varios vicios de inconstitucionalidad, sino que ahora Gestarsalud como gremio de las EPS, advierte que con la propuesta de la ministra Carolina Corcho se destruirá el sistema.
Un día después de que el Alto Gobierno radicara el proyecto que entrará por Comisión Séptima de Cámara de Representantes, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, Gestarsalud, emitió un comunicado en el cual expresa su postura ante el documento presentado.
«Gestarsalud, gremio de EPS, considera que el proyecto de reforma al sistema de salud radicado en el Congreso no construye sobre lo construido y por el contrario destruye los avances de mas de 70 años de historia de la seguridad social en salud en Colombia. Además, va en perjuicio de la población y no refleja la voluntad de consenso y dialogo expresada por el Presidente de la República», manifestó el gremio en cabeza de la exviceministra de este sector, Carmen Dávila.
El gremio emitió 10 preocupaciones afirmando que se estatizará el sistema de salud y que sí se acabarán las Empresas Promotoras de Salud, EPS, contradiciendo a la ministras Corcho quien afirmó que no se acabarán sino que, por el contrario, se transformarán.
«Se plantea una estatización y monopolio de la operación que restringe el principio de la libertad de elección de los usuarios, con todos los riesgos que implica un servicio exclusivamente administrado por el Estado. Las funciones de las EPS, como la gestión del riesgo en salud de las personas, la organización de redes de servicios, la referencia de los pacientes y su representación se trasladan a nuevas entidades públicas sin el conocimiento, la experiencia, las herramientas tecnológicas, ni el talento humano para hacerlo, con el riesgo que si lo hacen mal, el usuario no tendrá alternativas», puntualiza Gestarsalud.
Adicionalmente sostiene que hay varios riesgos para los pacientes de alto costo. «Las siete millones de personas (13 por ciento de la población) con enfermedades de alto costo que hoy tienen una ruta de atención y un seguimiento periódico y sistemático organizado por la EPS y registrado en la Cuenta de Alto Costo, cuya atención le cuesta al Estado 11 billones de pesos, estarán en alto riesgo. ¿Con qué capacidad un CAP va a garantizarles la atención?», cuestionó el gremio.
