Ante la Sala de Instrucción de Primera Instancia, el pasado martes la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia oficializó la imputación de cuatro delitos en contra del exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, como presunto responsable de direccionar millonarios contratos durante su administración para favorecer a amigos y familiares.
Aunque Iván Cancino, apoderado del exgobernador pidió la reformulación del escrito de acusación argumentando inconsistencias en la indagatoria y en documento final, al exmandatario se le imputaron formalmente los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía ha dicho ante la Corte Suprema de Justicia que el exmandatario conformó una “empresa criminal” con funcionarios de su administración para pactar porcentajes como coimas.
Los contratos
Según la Fiscalía, al menos cuatro contratos son los que tienen en aprietos al exgobernador de Santander. Uno está relacionado con el reforzamiento estructural del estadio de fútbol, adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, el cual se adjudicó en febrero de 2014 y tuvo un valor superior a los $15 mil millones más una adición cercana a los $7 mil millones. El ente acusador aseguró que con este contrato Richard Aguilar, Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura y Julián Jaramillo, exdirector de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación, capturado la semana pasada por este caso, se apropiaron de forma ilegal de más de $9 mil millones.
Otro de los contratos está relacionado con el mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, celebrado en diciembre de 2014, el cual se le adjudicó a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander, de la cual era empleado el primo hermano de Hugo Aguilar, padre del exmandatario acusado.
Pero esos no son los únicos contratos que tiene en aprietos al exmandatario. También se le acusa de presuntas irregularidades en la contratación de las obras del corredor vial San Gil-Charalá, la construcción del tercer carril en la autopista Bucaramanga- Floridablanca y en el contrato para el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de 82 municipios de Santander, en el marco del Plan de Alimentación Escolar, PAE.
Capturas recientes
Este caso se ha movido en los últimos días en los entes de control. La semana pasada, la Fiscalía capturó a Julián Jaramillo, exasesor de confianza de Aguilar Villa y a Octavio Reyes, representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, a la cual se le habría direccionado un contrato de $22 mil millones para obras en el Estadio Alfonso López.
El fiscal del caso aseguró que ellos hicieron parte de la “empresa criminal” del exgobernador, en la que habrían pactado una coima del 16% del contrato, la cual se repartiría así: 3% para Jaramillo, 3% para Claudia Toledo, hoy principal testigo en la Fiscalía, y el 10% restante para Aguilar Villa.
Santander, víctima
en el proceso
Durante la audiencia del pasado martes se reconoció a la Gobernación de Santander como víctima en este proceso, pues los dineros que habrían parado en las manos de Aguilar, sus funcionarios y otras personas, eran recursos de la administración departamental.
