La audiencia de acusación en contra del exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, se reanudará el próximo 8 de febrero en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratación mientras estuvo al frente de la administración departamental.
Actualmente, los investigadores analizan los testimonios de los esposos Claudia Yaneth Toledo y Lenin Dario Pardo, exsecretaria de Infraestructura y contratista durante la administración Aguilar Villa, respectivamente, quienes acogiéndose a un principio de oportunidad en la Fiscalía se comprometieron a contar la verdad sobre las irregularidades en contratación.
A finales de 2021, el abogado del exgobernador, Iván Cancino, pidió iniciar de ceros el proceso argumentando que la indagatoria rendida ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte no era procedente con el nuevo sistema acusatorio que tiene Aguilar Villa, luego de renunciar a su fuero constitucional a pocos días de su captura en el mes de julio.
Sin embargo, el alto tribunal negó la solicitud y dejó en firme el pleito judicial señalando que la indagatoria rendida bajo Ley 600 del 2000 era afín con la Ley 906 de 2004.
Q’hubo pudo conocer que Cancino presentará una acción de tutela en los próximos días con la cual buscará nuevamente que la indagatoria sea anulada. Además, el apoderado de Aguilar Villa insistirá en la Corte que el escrito de acusación en contra del exgobernador no es claro, motivo por el cual pedirá la especificación del ente acusador. Si la Fiscalía delegada ante la Corte accede a esa claridad, se presentará la acusación, llegará el descubrimiento probatorio y el exgobernador y su defensa tendrán al menos tres meses para la audiencia preparatoria.
Los cargos
En el escrito de acusación de la Fiscalía se señala que “los elementos de prueba dan cuenta de que el exfuncionario habría direccionado la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar, PAE, para favorecer a amigos, familiares y particulares que se comprometieron a pagar dádivas”.
Por lo anterior, el ente acusó a Aguilar Villa de ser el presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
En el documento, radicado en octubre de 2021, la Fiscalía resaltó que el exgobernador “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación”. Además, el fiscal delegado detectó irregularidades en al menos seis contratos de la administración de Aguilar Villa.
