La decisión la tomó la Sala de Instrucción de la Corte tras estimar que luego de la renuncia de Aguilar al Congreso, perdió competencia.
Tal y como lo contó Vanguardia, con la renuncia a su curul como Senador de la República, el proceso penal contra Richard Alfonso Aguilar Villa, por los presuntos hechos de corrupción cuando fungió como gobernador de Santander para el periodo 2012 – 2015, debía pasar a manos de la Fiscalía General, que ahora deberá evaluar si acusa o no ante la Corte Suprema de Justicia al exmandatario departamental.
Sin embargo, según varios expertos penalistas, contrario a lo sucedido con el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien renunció a su curul como Senador para que su proceso penal pasara a manos de la Fiscalía y no continuara siendo procesado por la Corte Suprema, la situación jurídica de Aguilar Villa es diferente.
Como los hechos punibles por los que es investigado Aguilar fueron cometidos cuando fungía como Gobernador de Santander, es la Corte Suprema de Justicia quien debe juzgarlo.
“Al renunciar se pierde el fuero, porque el delito no tiene nada que ver con el cargo o las funciones de Senador. Esos cargos se sustentan en hechos de corrupción siendo Gobernador. Tras su renuncia, el asunto pasa a un fiscal delegado ante la Corte que lo acusará ante la Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema. Sea lo que sea el proceso siempre llegará la sala de juzgamiento de primera instancia por su fuero como Gobernador”, explicó el abogado Miguel Ángel Pedraza.
Aguilar detenido el pasado 27 de julio en horas de la noche, por orden de la Sala, al estimar que, de permanecer libre, era inminente una afectación al proceso en curso.
Expertos aseguraron a Vanguardia que es muy probable que el exsenador, ahora recluido en el Batallón 13 de Bogotá, recupere su libertad, pues el proceso penal en su contra ya no continuará bajo la línea del sistema penal acusatorio de la Ley 600, sino por la Ley 906, del actual sistema de acusación oral.
El caso
Según la investigación de la Sala de Instrucción, en la celebración de por lo menos cuatro contratos de infraestructura que se adjudicaron y desarrollaron bajo su administración, el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, habría ordenado a algunos funcionarios de la administración departamental favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.
Aguilar Villa está bajo la lupa de la Corte Suprema, debido a las declaraciones entregadas por la pareja de esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo (exsecretaria de Infraestructura departamental y excontratista de la Gobernación), quienes señalan al hoy Senador de Cambio Radical de haber ordenado el direccionamiento de los contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, por valor de $23 mil millones; la adjudicación del Corredor vial San Gil – Charalá – Límites, contrato por más de $185 mil millones, y en el corredor vial Agroforestal por $147 mil millones, así como las obras del Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, por valor de $113 mil millones. Contratos que suman cerca de $500 mil millones.
Ante esta situación, la Corte señaló al exsenador Aguilar por su presunta participación en los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.
