A menos de 10 días de las elecciones la Misión de Observación Electoral, MOE, publicó un informe en el que analiza la violencia política ocurrida durante los primeros once meses del calendario electoral. En este se registran 653 hechos de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales.
Según la veeduría ciudadana electoral, la violencia contra liderazgos tiende a incrementarse a partir de cuatro meses previos a la fecha de elección y en promedio es aproximadamente 2,5 veces más alta que en periodos no electorales. Estos cuatro meses coinciden con el periodo de inscripción de candidaturas y el periodo de campañas electorales.
Con corte al 29 de septiembre de 2023, se han registrado 179 acciones violentas contra personascandidatas a las elecciones locales, lo que representa un aumento de 37,7 % respecto a 2019.
Sin embargo, si bien se destaca que 30 de estos hechos corresponden a violencia letal, con 22 atentados y 8 asesinatos, esto supone una disminución del 6 % con respecto al 2019, en que se presentaron 32 agresiones letales.
Ataques en Santander
De las 179 agresiones referidas se han presentado en 119 municipios de 29 departamentos del país, incluyendo a Bogotá. Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Santander constituyen los epicentros de la violencia concentrando el 33,5 % de los hechos violentos y el 56,7 % de la violencia letal contra candidaturas.
En lo corrido de la actual campaña, en Santander se han registrado 11 casos de violencia contra personas candidatas, 9 amenazas, un asesinato y un atentado, señaló la MOE.
“José Cruz, candidato al Concejo de Carmen de Chucurí, Santander, por el partido Creemos fue asesinado”, indica el informe de la Misión de Observación Electoral.
Aumento de violencia
Ante este panorama la MOE señala que las cifras de este año son más altas que las de los últimos cuatro periodos electorales (entre elecciones nacionales y locales).
Es decir, en las locales de 2019 ocurrieron 468 hechos de violencia –55 contra liderazgos comunales, 186 contra liderazgos sociales y 227 contra liderazgos políticos–. Este año, con corte del 29 de septiembre de 2023, se presentaron 653 –60 comunales, 157 sociales y 436 políticos–.
“Los liderazgos políticos han sido los más afectados por la violencia al concentrar el 66,8 % del total de agresiones, lo que representa un aumento de 92,1 % en comparación con 2019, al pasar de 227 a 436 afectaciones”, explica esta plataforma.
Añaden que las amenazas son el tipo de agresión más recurrente, pues se registraron 433 casos (47,8 % más que en el 2019).
Pero también llaman la atención frente a los hechos letales, pues se tiene registro de 117 asesinatos y 75 atentados (lo que representa un incremento de 15 % frente 2019). Argumentan que aumentaron las agresiones hacia líderes políticos, lo que “rompe con la tendencia histórica identificada en el país, según la cual los líderes sociales y/o comunales eran víctimas del mayor número de asesinatos y atentados”.
Piden medidas
Ante este panorama, la Misión de Observación Electoral exhortó a las autoridades regionales y locales establecer el tema de violencia política como una prioridad de cara a las elecciones locales de 2023.
En ese sentido, la veeduría propone recomendaciones dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad que son necesarias para que las y los candidatos puedan realizar proselitismo en los distintos territorios del país y en últimas, para que la ciudadanía en las regiones más afectadas por la violencia tenga garantizada su seguridad de cara a los comicios territoriales.
“Para la MOE resulta fundamental que en esta últimas semanas previas a la elección se refuercen las acciones adelantadas para fortalecer los canales de diálogo institucional entre autoridades de policía, militares y administrativas de cada nivel territorial y del nivel nacional en el marco de las comisiones de seguimiento a los procesos electorales de los distintos niveles territoriales, con el fin de mantener actualizado el panorama de la situación de seguridad que están afrontando los candidatos y candidatas en todo el territorio nacional, así como las acciones adelantadas por parte de la fuerza pública”, concluye la veeduría ciudadana.
