Las tarifas de servicios volvieron a ser noticia ayer cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó al presidente Gustavo Petro un permiso para congelar las tarifas de servicio de EPM.
Advertencias de Andesco llegaron casi de forma inmediata. El gremio dijo que esta petición debería hacerse al gerente general, es decir, a Jorge Carrillo, y que “al tomar decisiones que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera empresarial, los usuarios se pueden perjudicar”.
Quintero confirmó a La República que en la noche del jueves se habló internamente el tema en EPM y que se ha conversado con la junta directiva. “Es una decisión necesaria y fundamental en un momento en que el país vive unos niveles altos de inflación”.
La solicitud del mandatorio antioqueño impactaría al departamento de Santander, porque en la carta enviada al Gobierno Petro menciona a las regiones donde opera EPM.
“Me permito solicitarle respetuosamente se me autorice congelar las tarifas de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”.
Aseguró también que la empresa estaría lista para asumir esos costos, aunque después, en una entrevista radial, no supo decir qué impacto económico tendría la medida para EPM.
Hay que recordar que la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (Essa) es una empresa de capital mixto que opera principalmente en el sector de energía eléctrica y es filial de EPM.
Su área de concesión comprende 87 municipios de Santander, dos de Bolívar, dos del sur del César y uno de Norte de Santander. Essa es controlada por la multiservicios EPM y tiene su sede en Bucaramanga.
Respecto a la sostenibilidad financiera
El alcalde aseguró que la empresa tiene el músculo para hacerlo. Dijo que recibió a EPM con estados financieros deteriorados, especialmente por Hidroituango.
“Desde entonces, con una administración inteligente hemos logrado sacar adelante este proyecto, evitar las sanciones de $4 billones y ponerla a funcionar con ingresos que ya superan $200 millones con las dos primeras turbinas, además de recuperar $4,3 billones, eso nos da estabilidad financiera suficiente y necesaria para emprender acciones como esta”.
Sin embargo, expertos advierten que la congelación de tarifas podría afectar a las empresas en diferentes frentes.
Hemberth Suárez, socio fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, resalta que “se verían impactados los flujos mensuales de operación de las empresas y se bajaría la calificación crediticia y, como consecuencia, aumentarían las tasas de interés”.
Suárez agrega que al hacer eso no se reconocería a los inversionistas la actualización a la que tienen derecho como empresarios. “Las tarifas deben actualizarse en función de las realidades del mercado, no pueden ser trasladadas a los accionistas de las empresas de servicios públicos”, apunta.
El experto también dice que no sería diferente para una empresa pública, puesto que todas cumplen el mismo régimen en donde las tarifas deben estar actualizadas.
“En el caso de implementarse esta medida, la empresa va a dejar de percibir la actualización y por consecuencia tendrá que traer más dinero de otro rubro para la adecuada prestación del servicio”.
El alcalde Quintero señala que la medida se da como respuesta a la alta inflación que impacta a los hogares. Sin embargo, como la decisión se toma en primer impacto para los usuarios, Suárez advierte que un efecto podría ser el cierre de operaciones de ciertas empresas en algunas regiones, pese a que puede ser bien percibido durante los primeros meses por los usuarios.
Ante esto el ingeniero industrial Sergio Cabrales, experto en energía, señala que congelar la tarifa implica que el Gobierno debe subsidiar el alza de cuatro de los seis componentes de la tarifa que pesan el 90 % (generación, 30 %; transmisión, 7 %; distribución, 40 %; y comercialización, 13 %). “Esto puedo costar $8 billones al año, asumiendo un Índice de Precios al Productor (IPP) de 14%”.
De aprobarse, iría hasta el 31 de diciembre
El alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, comentó a LR que recibió retroalimentación del presidente, Gustavo Petro.
“Dijo que le gustaba la propuesta pero quería discutirla de forma particular con nosotros. Haremos una mesa para explorar esa y otras alternativas”, comentó.
Quintero también mencionó que si la medida fuera aprobada por Presidencia, se aplicaría de forma inmediata e impactaría 13 departamentos.
“La medida llegaría hasta el último día de mi gobierno, que es el 31 de diciembre de este año, luego sería una discusión entre el nuevo alcalde o alcaldesa con el Presidente”.
¿Qué consecuencias traería la congelación de las tarifas de EPM?
De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la definición de las tarifas de energía deben cumplir con criterios técnicos, de suficiencia económica, confiabilidad y de eficiencia; de lo contrario, podría ocurrir una subremuneración de activos.
Esto quiere decir que si se le dan menos recursos a las empresas, estas van a dejar de hacer inversiones en criterios como reposición de activos, operación, mantenimiento, entre otros. Así que al final del día se terminará con un servicio de una calidad terrible. Ahí la pregunta también es para el usuario, porque está bien que todo el mundo quiera pagar menos, pero el asunto es si están dispuestos a tener un servicio de mala calidad o tener cortes de energía, por ejemplo”, explicó Castañeda.
Para Mauricio Restrepo, exgerente de EPM, tanto la congelación de las tarifas de EPM como la decisión del presidente Petro de intervenir en la Creg, ponen en alto riesgo la solidez financiera de las empresas de servicios públicos.
“Esta solicitud del alcalde es una petición que entiendo que no tiene ningún argumento técnico, financiero y jurídico. No obedece a protocolos o análisis que le hayan permitido determinar que es el momento de congelar las tarifas. Esto atrasaría la expansión, el desarrollo de futuros proyectos de la empresa y afectaría ostensiblemente sus ingresos. Una propuesta de estas tiene que estar revisada a través de unos protocolos empresariales, de unos procesos que permitan a la entidad determinar hasta qué monto lo podrían hacer”, señaló Restrepo.
Asimismo, el exdirectivo afirmó que, además, una decisión de estas, en un momento de inflación tan alta, sería un mensaje negativo de EPM a las calificadoras de riesgo internacional y a la banca multilateral que le suministra los créditos.
“Recordemos que los megaproyectos de EPM, especialmente Hidroituango, dependen en gran medida de la banca multilateral. En ese aspecto se estaría enviando un mensaje que generaría desconfianza e incertidumbre, por lo que se podría afectar la solidez financiera de la empresa y podría aumentar el endeudamiento de esta”, puntualizó Restrepo.
