El sector turístico también tiene sus preocupaciones frente al proyecto de reforma tributaria presentado por el Ministerio de Hacienda. Según Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de las Agencias de Viajes y Turismo (Anato), si se desmontan los estímulos que hoy día existen para el sector, los usuarios tendrán que pagar el 19% en sus paquetes a partir de enero del 2023. Por ende, sentirán un incremento en los precios.
Como cualquier otro renglón de la economía, el de los viajes recreativos, según los empresarios del gremio, también puede ser sensible a un cambio brusco en las tarifas y todo esto provocaría una disminución en las compras; algo que no caería bien teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo que manifestaron en el Congreso de Anato, muchas empresas todavía no se han recuperado del golpe que les propinó la pandemia.
Paula Cortés subrayó que no solo hay un efecto adverso en los paquetes, también se encarecerían los tiquetes aéreos, que tienen una disminución vigente del 19% al 5% aprobada en 2020 para reanimar la actividad. Así mismo, las estadías hoteleras se encarecerían con el retorno del pago a la sobretasa energética.
Que haya una transición lenta
De otro lado, la líder gremial anotó que, en lo que se refiere al impuesto de renta, la tasa de tributación para estas empresas pasaría del 9% al 35%; una variación fiscal que, desde la óptica del gremio, es muy “brusca” y sería poco amigable con aquellas compañías que aún tienen la caja resentida.
“La reforma tributaria elimina todos los beneficios que tiene el turismo en el impuesto de renta. Por ejemplo, la tasa por renovación de hoteles en ciudades de menos de 200.000 habitantes. También desmonta todo lo que tiene que ver con proyectos de ecoturismo. Además, los cruceros que están registrados en Colombia, que tienen una renta del 2%, pasarían a una del 35% y las aerolíneas privadas perderían los incentivos por llegar a destinos periféricos y alejados”, señaló la presidente de Anato.
Con ello en mente, indicó que, en las próximas semanas, el gremio solicitará ante el Congreso que estos descuentos, en su gran mayoría aprobados durante la época más dura de la pandemia, se mantengan por lo menos un año más.
Sin embargo, el Gobierno no se muestra muy dispuesto a recibir la propuesta. Germán Umaña, ministro de Comercio, aseguró que le ha pedido a la cartera de Hacienda que haya “gradualidad” para desmontar periódicamente los beneficios, pero solo en los municipios de menos de 200.000 habitantes y en los más afectados por el conflicto armado, al menos mientras se terminan los proyectos que se iniciaron cubiertos con esos incentivos: “Esa petición la hemos hecho al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y él la está estudiando con toda seriedad”.
En todo caso, la presidenta de Anato insistió en que quiere hacer “un llamado al Gobierno, cuya bandera es el turismo, para que revise como buscamos un equilibrio y que esto no genere un golpe fuerte. Puede ser una gradualidad, pero no puede ser un tema tajante cuando el sector todavía no se ha recuperado”.
Posadas caseras sí, pero con reglas
Otro tema que ha estado en la mesa por estos días tiene que ver con regularizar el alquiler de cuartos caseros a los turistas. Este ha sido un servicio polémico porque los hoteleros han manifestado que ahí no hay cumplimiento de normas sanitarias ni pago de impuestos, por lo que esa oferta, en opinión de estos empresarios, tiene un sabor a informalidad y a competencia desleal.
Frente a la propuesta de permitir los hospedajes caseros, Paula Cortés comentó que primero hay que revisar cómo se pueden regular estos establecimientos que hoy día operan en algunas regiones como posadas turísticas, pero están reglamentadas.
“Básicamente —añadió— lo que el presidente Petro expresó es cómo poder abrir el turismo a esas economías que él llama populares, pero nosotros desde el sector lo que sí necesitamos es que esté reglamentado y que estemos jugando todos en la misma cancha, que estemos pagando los mismos impuestos, que tengamos el Registro Nacional del Turismo y que paguemos parafiscales al Fondo Nacional del Turismo (Fontur). No puede ser que esto nos genere informalidad”.
“Esto va más enfocado a darle apertura a la comunidad para que pueda participar de esta economía, pero por supuesto con una reglamentación porque esa economía popular hay que atraerla a la formalidad, así es que generamos impuestos y este Gobierno lo que necesita es impuestos”, anotó.
¿Informalidad va de la mano con abusos?
Las playas de Barú, en Cartagena, nuevamente se hicieron tendencia este viernes en las redes sociales por un abuso cometido en contra de unos turistas ecuatorianos. Según la denuncia que circuló en Twitter, a las víctimas les cobraron US$600 por dos mojarras fritas y cuatro cervezas. Es decir, a la TRM vigente para esta jornada, los viajeros pagaron $2.642.400 por ese pedido, un cobro que molestó a los internáutas, quienes recordaron que ese tipo de conducta es reiterada en ese lugar.
La presidenta de Anato indicó que por esa razón es necesario formalizar al sector y “es un trabajo grande que debe hacer el Gobierno para no volver a tener esas situaciones. Creemos que esto es por causa de la informalidad en los destinos turísticos en los que no hay reglamentación o Registro Nacional de Turismo. Yo creo ahí el llamado importante es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que es la entidad encargada de la vigilancia y control para sancionar a empresas o personas que prestan servicios turísticos sin estar reglamentados”.
De acuerdo con los cálculos de Anato, la informalidad en el sector turístico es del 60% e insistió en que una de las principales tareas del nuevo Gobierno será incentivar la transición a la formalidad.
