Desde hoy Colombia tiene una agenda pública que giró a la centro-izquierda. Por esto, Gustavo Petro entra a la Casa de Nariño con objetivos delineados en tres temas: paz, economía y asuntos sociales.
El líder del Pacto Histórico desempolvó las conversaciones de paz con el Eln y el acogimiento de narcobandas —proyecto que sonó bajo cuerda en el gobierno de Juan Manuel Santos—; puso sobre la mesa la creación de dos nuevos ministerios —recibe el gobierno con 18 y lo devolvería en 2026 con 20— y un programa económico que es el epicentro de los primeros días de su administración: la reforma tributaria de $50 billones.
Entre sus metas también está terminar la economía naranja del saliente Iván Duque, la exploración de yacimientos de petróleo a través del fracking y las aspersiones aéreas con glifosato que tanto pide el Centro Democrático.
Petro pisa la Casa de Nariño con una gobernabilidd fuerte en el papel, pero con dudas en la realidad política tras perder el primer pulso con la lista para Contralor. Pero si algo lo caracteriza es que no da por perdidas las batallas y en estos 4 años no son pocas las que piensa dar.
El primer paso: tributaria con más impuestos
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tiene en sus hombros la tarea número uno de la Casa de Nariño. Este 8 de agosto, cuando Petro no llevará ni 24 horas como mandatario, se presentará ante el Congreso la propuesta de reforma tributaria que proyecta recaudar $50 billones anuales más de los que ya recolecta el Estado través de impuestos.
Ese proyecto necesitará el visto bueno del Senado y la Cámara de Representantes, donde el gobierno tiene las mayorías aparentemente aseguradas, y una vez comience su implementación, se prevé que lleve a las arcas del Estado $25 billones en el primer año de su implementación.
En ese paquete ya se cuenta un impuesto al patrimonio que será progresivo desde el 0,25% al 1% y se aplicará partiendo de los patrimonios líquidos (descontando los pasivos) desde $1.000 millones, un incremento contundente, si se tiene en cuenta que la última vez que se aplicó esa tasa en 2021 tuvo como base los patrimonios de más de $5.000 millones.
En el tintero está un tributo saludable para las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, que tiene dos objetivos: desincentivar el consumo de esos elementos para mejorar la salud pública y recaudar fondos para los programas sociales.
También a las pensiones de más de $10 millones al mes se les aplicará un canon que no está claro aún cómo se ejecutará ni de qué porcentaje sería; asimismo, se habla de una tasa a los dividendos y otra a las ganancias ocasionales que subiría del 10% al 20%.
Los trabajadores independientes pasarían de pagar tasas del orden del 10% hasta el 35% y se modificará la base para ser responsable de IVA de 3.500 UVT ($133.014.000 con la UVT de este año) a 3.000 UVT ($114.012.000).
La reforma tributaria es la primera línea de la agenda para poder llevar a cabo los programas sociales. Al tiempo que esta hace su paso en el Congreso –que se aplicará con la estrategia del presidente del Senado, Roy Barreras, de acelerar el trámite de los proyectos con el nuevo fast track– habrá un segundo asunto en el cronograma: las conversaciones de paz.
Negociar con Bandas y narcos
Gustavo Petro planea tener más que una mesa de diálogos. Su objetivo es retomar las negociaciones con la guerrilla del ELN y abrir otras instancias con las bandas delincuenciales para conseguir la “paz total” que delineó como meta de su gobierno.
Esa receta ya está andando con la reactivación de los diálogos con el ELN en La Habana (Cuba), una conversación de carácter político para la que ambas partes ya manifestaron su voluntad de diálogo. El propio Petro ya planteó un cese del fuego bilateral.
Pero en el plano jurídico también se buscará el acogimiento de los grupos delincuenciales, una cuestión que toca fibras entre los opositores del gobierno –que rechazan la idea de acercarse a las narcobandas– y que traza una delgada línea sobre qué hacer con grupos como el Clan del Golfo, responsable del asesinato de 61 policías en lo que va del año.
Eso sí, a ese grupo narcotraficante ya el mandatario les dijo que la condición para un eventual acercamiento es que “suspendan la muerte”, un objetivo primordial para la Fuerza Pública desde que esa asociación criminal emprendió un plan pistola contra sus comandos.
La agenda de paz del gobierno del Pacto Histórico contempla, además, poner a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el centro de las prioridades y abre la puerta a ampliar su margen de acción, ante la eventual posibilidad de que se concrete la paz con el ELN.
No obstante, el fortalecimiento de la JEP abre el interrogante sobre el trato que tendrán las disidencias de las Farc, que le dieron la espalda al Acuerdo de Paz que se firmó en 2016.
En ese capítulo entra una cuestión que da un viraje total: el trato a Nicolás Maduro. Mientras Duque le llamaba “dictador”, Petro le reconoce como gobernante y reactivó el diálogo bilateral con su régimen. Y es en Venezuela donde están, justamente, resguardados buena parte de los hombres en armas de las disidencias y el ELN.
Esa amalgama de asuntos aterrizaría en una nueva cartera de Paz, Seguridad y Convivencia –entidad a la que llegaría la Policía–, una instancia más que muestra que Petro quiere que la palabra “paz” sea el apellido de su administración.
Se iría con 20 ministerios; ¿burocracia?
El presidente pisa la Casa de Nariño con 18 ministerios en ejercicio y puede terminar su mandato con 20. Por un lado, la vicepresidenta Francia Márquez quiere crear el de la Igualdad, en el que pretende fusionar toda las tareas sociales del Ejecutivo bajo una misma sombrilla.
Esa propuesta aún está en construcción y tendrá que surtir su trámite por el Congreso, al tiempo que desde otro flanco del gobierno gestionan la creación de una cartera de Paz, Seguridad y Convivencia. Ese asunto ya lo abordaron el presidente del Senado, Roy Barreras, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
A esa dependencia pasaría la administración de la Policía Nacional –una institución para la paz, según dijo el Ejecutivo– mientras que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada se quedarían en el Ministerio de Defensa.
La administración ha dicho que devolverá el carácter civil a la Policía, sin dejar claro cuáles son los alcances de esa promesa ni de que manera “despolitizará” las fuerzas con la transformación en el sistema de ascensos.
En esa hoja de ruta está el replantemiento del Esmad, una de las cuestiones que reclamó la ciudadanía durante el estallido social y que Petro abanderó en sus tiempos de senador de oposición.
Velásquez es el llamado a encabezar esas modificaciones desde el Ejecutivo y, al tiempo, es el ministro que más asperezas provoca en la oposición del Centro Democrático.
El jurista plantea suprimir el servicio militar obligatorio, una revisión a las operaciones militares para enmarcarlas (más) en los Derechos Humanos, replantear el manejo de la inteligencia e igualar los salarios entre oficiales y suboficiales para mejorar las capacidades económicas de los uniformados. Sin embargo, ese último planteamiento implicaría conseguir fondos para incrementarle el salario a 90.000 efectivos.
Amnistía y más recursos para la educación
Alejandro Gaviria llega a la cartera de educación con la promesa de condonar 4.500 créditos educativos del Icetex de las personas de escasos recursos que no tienen cómo pagar el préstamo que adquirieron con el sistema para estudiar en una universidad pública.
El precedente de los jóvenes que salieron a marchar durante el estallido social reclamando gratuidad en la educación superior y condonar sus deudas hacen que en el repertorio también este otra asignación: la de replantear esa institución.
Gaviria buscará una reforma a la Ley 30 de 1992 que hace 30 años definió la distribución de recursos en las universidades públicas. La meta es tener más recursos para esas instituciones y amarrar esa financiación a planes de aumento de la cobertura en los territorios.
Su cartera respalda que se entreguen cartillas sobre los hallazgos de la Comisión de la Verdad en los colegios para que los jóvenes entiendan el conflicto armado, una cuestión más que resalta el apellido “paz” que le puso a su proyecto de país.
Y si bien Petro prometió una reforma a la salud que estará en manos de la ministra Carolina Corcho, ese proyecto no consiguió cupo en el listado de prioridades del Ejecutivo para 2022. Su retraso tiene implícito un compás de espera para que las EPS se alisten para las modificaciones venideras.
Esa y otras propuestas como la reforma agraria integral generan ruidos en una parte de la población colombiana, lo que le deja otro pendiente al mandatario: calmar los temores que generan sus proyectos.
