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La desgracia del oro que se roban del Páramo de Santurbán en Santander

Q'hubo presenta un informe sobre la grave contaminación con metales pesados que proviene de las fuentes hídricas en el área de influencia del Páramo de Santurbán.

Por: Juan Carlos Gutiérrez

Las más de 4.000 hectáreas, ubicadas en el área de influencia del Páramo de Santurbán, que estaban asignadas al contrato de concesión minera otorgado a la empresa canadiense Eco Oro, son en la actualidad “terreno de nadie”, o mejor, de grupos de mineros ilegales dedicados a extraer oro de forma ilícita utilizando una red de socavones, algunos muy artesanales, con más 500 mil metros de perforaciones y más de cuatro kilómetros de desarrollos subterráneos. Todos usan mercurio para obtener oro.

Según cálculos geológicos, solo en esta área de la provincia de Soto Norte se encontrarían más de 10 millones de onzas de oro enterradas, es decir, unas 77 toneladas de este metal precioso.

Además, se tienen registros de más de 74 millones de onzas de reservas de plata, cuya extracción, sin el mayor control de las autoridades, habría comenzado con mayor auge desde mediados de 2019, cuando se oficializó la renuncia por parte de la multinacional canadiense a este proyecto minero denominado “Angostura”, y los trabajadores de Eco Oro, en su gran mayoría, abandonaron la zona.

Esta extracción ilegal de oro la realizan, por una parte, mineros tradicionales de California, con arraigo familiar e histórico en esta zona de Santander desde hace más de cuatro siglos, algunos con registros de títulos mineros, otorgados por el Gobierno, que datan de principios de los años setenta. El otro grupo lo representan personas sin mayor experiencia en la extracción de metal o mineros provenientes de otros municipios y departamentos, que en los últimos meses han llegado en buen número a California, localidad distante a 51 kilómetros de Bucaramanga.

Todos arriban a esta localidad seducidos por la llamada “fiebre del oro” del Páramo de Santurbán.

Un minero artesanal, de 47 años de edad, oriundo y residente en California, quien por razones de seguridad pidió reserva de su identidad, denunció que al municipio han llegado personas provenientes de Norte Santander y Antioquia, lo mismo que migrantes de Venezuela. Todos trabajan como galafardos o barequeros, nombre dado popularmente a los obreros que nada tienen que ver con la posesión o propiedad de la tierra, es decir, personas que se dedican a labores mineras de manera esporádica y no regularizadas, sin un sustento legal. Se trata de mineros sin experiencia, quienes trabajan con herramientas manuales y técnicas muy rudimentarias la extracción de oro y plata.

“La zona se está llenando cada vez más de migrantes. También están subiendo muchas personas de la zona del norte de Bucaramanga. Esos que les dicen popularmente ‘ñeros’. Las autoridades locales no hacen ningún control con la minería que ellos realizan. Ya hasta se identifican unos cabecillas. Ellos son los encargados de organizar a la gente. Ellos son los que deciden a qué socavón deben meterse ilegalmente. Ellos organizan los turnos. Esta gente ya no se mete a las minas, sino que se quedan reclutando personal. Así han sacado mucho oro…”.

La fuente explicó que estos “cabecillas” son los encargadas de tener los contactos para obtener del mercado negro los insumos como mercurio, explosivos y cianuro, que llega procedente de Bucaramanga, tal como lo denunció Vanguardia hace una semana en un primer informe sobre minería ilegal en el Páramo de Santurbán.

“Ellos se quedan con un porcentaje alto, en algunos casos hasta el 60% del oro obtenido. Por ejemplo, si salen 10 gramos, le dan 4 gramos al obrero y los seis gramos se quedan para ellos. En otros casos pagan por las ‘maletas’ (así se le conoce a los costales de 15 kilos o 20 kilos con piedra extraída de la mina). La pagan entre $80 mil hasta $130 mil. Eso depende de la mina, es decir, si está produciendo buen oro o no. Estos líderes han adquirido muchísimo dinero y poder en California. Nadie los toca…”.

Otro minero residente en California explicó lo productivo que puede ser el trabajo de ilegalidad en los antiguos terrenos de Eco Oro.

“Le puedo dar fe de esto que le voy a contar. Aquí se organizan grupos de hasta 14 personas que se meten a sacar ‘maletas’ a las minas en la antigua zona de Eco Oro. A cada uno de estos hombres le tocó de a $80 millones por todo el material que sacaron de la mina”.

“Como a los dos meses volvieron a ‘coronar’. Se repartieron más de $200 millones cada uno. De esa zona están sacado mucho oro. Lo que pasa es que una cosa son los mineros ancestrales y otra ese grupo que se organizó para sacar oro con gente que no es de acá. Mientras tanto, no pasa nada. Ahora, el problema es que las autoridades permiten esa minería ilegal y no apoyan al minero ancestral”…

Vanguardia estuvo hace cuatro semanas en una reunión donde asistieron representantes de las entidades oficiales del ámbito local que deben hacer un seguimiento a la zona minera de California, en inmediaciones del Páramo de Santurbán. En esa cita quedó en evidencia una fuerte preocupación, no solo por la minería ilegal de oro y plata, sino por los fenómenos sociales que genera la presencia de grandes cantidades de dinero circulando en la zona.

“La situación social empieza a generar preocupación por toda la dinámica de ilegalidad que se construye alrededor de esta minería ilícita en California. Si uno pudiera hacer una comparación, guardando las proporciones, hablamos que podrían generarse dinámicas propias de lo que ocurrió en la llamada bonanza de los esmeralderos. El tema de una crisis social en esta zona es una preocupación latente, al igual que el tema de seguridad. Es conocido que alrededor de todas estas economías ilegales, más cuando se maneja tanto dinero por la extracción de oro, existe un riesgo de que surjan actores que alteren la seguridad. Ese el miedo que cubre esta región, que ya tiene antecedentes de violencia…”, expresó un alto funcionario público en la cita y quien pidió no ser identificado.

En tal sentido, tres fuentes diferentes le confirmaron a Vanguardia que se han registrado casos de mineros de la zona de California que han intentado abrir cuentas en entidades bancarias de Bucaramanga con saldos superiores a los $800 millones y hasta $1.500 millones.

No obstante, el sistema financiero los ha rechazado por las normas que protegen la banca ante el riesgo de lavado de activos por medio de la minería.

Igualmente se han documentado casos de mineros de California que han alquilado por noches o fines de semana reconocidas casas de lenocinio en Bucaramanga, donde pagan millonarias sumas de dinero.

La llegada de personas foráneas a la región también causa en la actualidad preocupación en los residentes de California. Una habitante del municipio, de 40 años, dedicada a oficios varios, pero de familia con tradición minera, le aseguró a Vanguardia que estos “cabecillas” controlarían el acceso a buena parte de minas y socavones de la antigua zona de Eco Oro.

“Con la llegada de estas personas empezó a crecer la venta y consumo de droga en el pueblo, algo que no se veía años atrás. Es grave lo que está ocurriendo y parece que a nadie le importa. Esas cosas no salen en las noticias cuando se habla del Páramo de Santurbán. Si usted sube a la zona de las minas, encuentra ya basureros dejados por esta gente, quienes no tiene ni tradición, ni experiencia en la minería. Ellos no saben utilizar el mercurio y hay una parte de la quebrada La Baja, donde el agua ya se tornó muy gris por la contaminación. Es terrible lo que sucede…”, dijo la mujer.

A su turno, un profesional, quien estuvo vinculado a una multinacional que adelantó exploración para extraer oro en el área de influencia del Páramo de Santurbán, aseguró esta semana a Vanguardia que existe un alto riesgo de que estalle una “bomba social en California”, a raíz de la minería ilegal.

“Eco Oro se fue, ¿quiénes quedaron? Los mineros ilegales. Ellos están sacando provecho del abandono de esa región. Desde que estábamos en la zona, detectamos la llegada de personas que no eran oriundas de estos municipios. Todos van detrás del oro. Por un lado está la gente de la zona. Le pongo un ejemplo, a un residente de California se le acaba el dinero. Entonces se va a trabajar en las minas. Labora una o dos semanas y obtienen unos $10 millones. Con eso se ‘cuadra’ sus gastos por un tiempo. La economía de California gira en torno a la minería. Las autoridades allá se hacen los ‘pingos’, como dicen acá con la ilegalidad, a la que llaman ‘tradicional’. Ahora es entendible, si las autoridades se van en contra de los mineros, se van en contra de la gente de California. Otra cosa son los foráneos, que llegaron a generar problemas como drogadicción y violencia. En California hay enterrado mucho oro. Con la ida de Eco Oro, ese oro no se quedará enterrado. A las buenas o a las malas lo van extraer, esa es una verdad…”.

¿Qué dicen las autoridades?

El 29 de marzo de 2019 la empresa canadiense Eco Oro renunció a su contrato de concesión N° 3452 con el que buscaba extraer cerca de 10 millones de onzas de oro en el área de influencia del Páramo de Santurbán. La multinacional argumentó que las medidas adoptadas por el Estado para delimitar la zona del páramo, entre otras razones, hicieron inviable el proyecto en mención, por tal motivo decidió renunciar. Por citar un ejemplo, la resolución 2090 de diciembre de 2014 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitó el ecosistema, dejó ‘maniatada’ a Eco Oro para ejecutar su proyecto “Angostura”, que se encontraba dentro de esta área. Tres meses después, en junio de 2019, la Agencia Nacional Minera aceptó la solicitud.

La multinacional estuvo durante más de 20 años en fase exploratoria en el área de influencia del Páramo de Santurbán y debido a la delimitación del ecosistema no pudo extraer ni un gramo de oro, pese a una inversión cercana a los 250 millones de dólares.

El 9 de septiembre de 2021 el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, publicó un primer fallo sobre la demanda que Eco Oro presentó contra Colombia por 736 millones de dólares como indemnización. Este tribunal reconoció que la prohibición a Eco Oro para hacer actividades de minería en páramos es una manifestación del derecho a regular que tiene el Estado colombiano.

Según el organismo, la medida adoptada por el país no fue discriminatoria para los inversionistas de la minera y además buscaba proteger un objetivo legítimo, como lo es la protección del medio ambiente.

No obstante, el litigio continúa después de esta decisión, pues este tribunal encontró responsable a Colombia por no aplicar correctamente el estándar de “trato justo” y equitativo; por ello determinó que el trámite se mantendrá solo en lo relacionado con el análisis de eventuales daños. En la demanda instaurada por Eco Oro también argumentó que se vulneraron las disposiciones del Tratado de Libre y Comercio con Canadá. A la fecha no se conoce un pronunciamiento sobre este punto por parte del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Si Eco Oro renunció a la concesión desde hace tres años, ¿qué ha pasado con esos terrenos en la zona ubicada en inmediaciones al Páramo de Santurbán?

La minería ilegal en este tiempo se ha apoderado de estas áreas para extraer oro y plata.

Al respecto, la Agencia Nacional Minera le dijo esta semana a Vanguardia que han tenido conocimiento “de las actividades de minería, sin título minero, en el área del antiguo contrato de concesión No. 3452, cuyos activos sujetos a reversión no han sido transferidos aún a la Agencia Nacional Minera, en razón a que no se ha completado por un lado la documentación necesaria para ese fin. Por otra parte, porque no se ha definido de manera clara cuáles serán las medidas ambientales a las que queden sometidos los bienes que allí se encuentran”.

Al preguntarle a la Agencia Nacional Minera quién es el responsable de controlar la minería ilegal, la entidad aseguró que “teniendo en cuenta que en el área ya no existe título, el control de la minería ilegal se encuentra completamente en cabeza de las autoridades municipales. No obstante, lo cual desde la Agencia Nacional Minera se han liderado mesas de trabajo con el Ministerio de Defensa y la Cdmb y se ha solicitado a los responsables del control de la actividad adelantar las acciones que consideren necesarias, para lo cual hemos manifestado nuestro total apoyo y asesoramiento en caso de considerarlo pertinente”.

En tal sentido el 5 de julio de 2019, Eco Oro, presentó a la Cdmb un plan de cierre de la concesión, donde advierte, por citar un ejemplo, compensaciones para la zona por daño ambiental cuantificada en cerca de $7 mil millones debido a que en la zona quedarían vertederos de aguas ácidas, cuatro túneles, más de 1.100 plataformas en terreno, afectaciones en taludes y es necesario el desmonte de grandes estructuras. Vanguardia conoció que a este informe inicial se le solicitaron ajustes, que fueron entregados en julio pasado a la Cdmb, que inició un proceso de revisión. No obstante, uno de los principales escollos en este proceso haría referencia a que la cifra ofrecida por Eco Oro para la compensación ambiental solo representaría el 10% de lo que realmente se requiere para adecuar esta zona en inmediaciones al Páramo de Santurbán.

A su turno, la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero, le dijo a Vanguardia que no tiene información precisa sobre el número exacto de personas foráneas dedicas a la minería ilegal.

“La Fiscalía realiza una investigación y son ellos los llamados a identificar esta situación. Lo que sí tengo claro es que en medio de todo este contexto se está perjudicando a los pequeños mineros ancestrales tradicionales que han estado toda una vida. Por una falta de voluntad del Gobierno Nacional no hay una solución definitiva para estos mineros tradicionales”.

Al preguntarle sobre las denuncias de “cabecillas” que estarían contratando mineros foráneos, la mandataria aseguró que “lo que yo identifico es que hay una problemática que no ha tenido solución. Desde mi llegada a la administración, hemos organizado a los mineros ancestrales en ocho asociaciones, que piden soluciones para realizar pequeña minería. Respecto a lo demás, la Fiscalía deberá hacer su investigación. No me corresponde hacer esa investigación…”.

A la Alcaldesa de California se le preguntó además si es de conocimiento de la administración municipal la gran cantidad de oro que extraen los mineros ilegales de la antigua zona de Eco Oro. “No es mi competencia identificar la cantidad de oro que se está extrayendo. No tendría la información. Lo que sí hice, en el 2020, fue expedir la resolución N° 0149 donde se delega en la Inspección de Policía y la Policía las facultades tendientes a suspender la explotación minera sin título inscrito en el Registro Nacional Minero…”.

Frente a la contaminación por mercurio y metales pesados en la quebrada La Baja, en jurisdicción de California, la alcaldesa explicó que “el municipio no ha realizado monitoreos teniendo en cuenta que no nos abastecemos de este afluente. Tampoco California es la entidad competente para tomar muestras de agua en el río Suratá y mucho menos para determinar la concentración de mercurio en el agua…”.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación realizó hace una semana una mesa de trabajo interinstitucional para concertar medidas ante el riesgo que existe en Santander por la calidad del agua, debido a los altos índices de mercurio, producto de la minería ilegal en California.

A este encuentro fueron invitadas al menos 20 entidades de orden nacional, departamental y local, de manera que se pudiera consolidar un plan de acción, que permita a las distintas autoridades atender la actividad minera ilegal que se adelanta en la provincia de Soto Norte, así como los impactos socioambientales que causa, en especial, la contaminación con mercurio de las fuentes hídricas.

Mientras esto ocurre, los mineros ancestrales de California piden poder extraer legalmente oro de la zona que aún no entrega técnicamente Eco Oro. Mientras esto ocurra, casi todo el municipio seguirá dependiendo de la minería ilegal. El siguiente ejemplo real, puede explicar las profundas raíces de esta actividad en esta zona.

La dueña de una de las casas, utilizadas para dar hospedaje a forasteros de multinacionales en el municipio de California, se quejaba hace un tiempo por los daños en uno de los baños de la casa. El visitante preguntó inquieto por qué simplemente no contrataba un fontanero para realizar la reparación. La mujer contestó con determinación que en el pueblo no se consigue ninguno.

  • ¿Por qué?, volvió a interrogar el hombre.
  • En California, todos, se dedican a la minería. ¡No hay plomeros!

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