Por: Euclides Ardila
Un hombre de 34 años fue baleado la noche del lunes pasado en el barrio Brisas de Provenza; el pasado fin de semana, un joven de 21 años fue asesinado en el barrio La Cumbre; unos meses atrás, en el barrio Chapinero de Bucaramanga, dos delincuentes acabaron con la vida de un adolescente; y hace apenas un par de días un hombre de 63 años fue asesinado en el municipio de El Guacamayo, a manos de su propio hijo.
Los cuatro casos anteriormente descritos reflejan una penosa verdad: las muertes violentas se han recrudecido en el área metropolitana de Bucaramanga y, en general, en todo Santander.
Desde 2017, los homicidios se han incrementado de manera sustancial. Si se comparan los primeros semestres, entre ese año y 2022, se observa un crecimiento de los homicidios en un 35%, según lo revela la propia Policía Nacional.
De acuerdo con las estadísticas, tal incremento se focaliza básicamente en el área metropolitana de Bucaramanga, y algunos municipios del Magdalena Medio, tales como Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja y Cimitarra.
Las cifras de Medicina Legal también son contundentes y negras. Entre 2018 y 2021, las muertes violentas en el área metropolitana han aumentado escandalosamente un 47% (Bucaramanga 42%, Floridablanca 105%, Piedecuesta 55%) y Girón 9%).
La intolerancia, en un 70%, es la principal causa de homicidios en Santander, según lo afirma el Centro de Investigación de la UIS.
De acuerdo con el Centro de Investigación en Cultura y Sociedad, CICS, de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Santander ocurren 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Así las cosas, es indudable que aún vivimos en un contexto violento.
Y eso que la única forma de violencia en Santander no es la de los homicidios; también están la violencia interpersonal, las agresiones sexuales y las diferentes expresiones de violencia intrafamiliar.
Si tomamos como referente estos casos que llegan a Medicina Legal, (presuntos delitos sexuales, la violencia interpersonal y algunas formas de violencia intrafamiliar, como la tasa de violencia con niños, niñas y adolescentes y violencia de pareja) Santander presenta tasas por encima del promedio nacional.
HABLA UN EXPERTO
Julio Acelas, experto en el observatorio al delito y candidato a Doctor en Estudios Políticos Universidad Externado, considera que “esa disparada del asesinato obedece, en parte, a un aumento desaforado del sicariato y del enfrentamiento entre bandas criminales organizadas”.
A su juicio, “durante los últimos años se viene presentando una reorganización y consolidación del narcotráfico en el Departamento de la mano del ‘Clan del Golfo’, que ha entrado violentamente a Santander, desplazando a las autodefensas Gaitanistas, a grupos del ELN, a jíbaros grandes y dueños de ollas independientes, quienes controlaban el negocio”.
“El nuevo cartel en Santander, el ‘Clan del Golfo’, ha unificado el narcotráfico, el gran tráfico y el microtráfico. Como también lo ha señalado, la Defensoría del Pueblo, el área metropolitana se ha convertido en un punto estratégico para el centro de acopio y tráfico de drogas, y en un ‘buen vividero’ de capos, desde donde se controla y se surte a ciudades de la Costa Atlántica, el nororiente colombiano y la jugosa ruta a Venezuela para llevar cocaína y marihuana CRIPI que se exporta a las Antillas”.
“Las vendettas entre sicarios y traficantes de alias ‘Pichi’ y ‘Poporro’, la presencia y captura de ‘Matamba’ y la llegada y posicionamiento de los mexicanos y la ‘Oficina de Envigado’, son piezas de ese entramado violento que han aumentado los casos de violencia y los muertos”, aseveró.
Y agregó: “llama especialmente la atención la presencia de la ‘Oficina de Envigado’ que maneja el microtráfico en algunas comunas, como la de Morrorrico, y de narcos mexicanos que han incursionado en el exclusivo y costoso negocio de las drogas sintéticas, en alza, en los últimos años en el área metropolitana y Santander”.
“A ello se suma un aspecto que viene de años y que la política institucional poco ha considerado, que es la concurrencia de hábitos y comportamientos agresivos entre los pobladores a la hora de resolver sus conflictos, y el poco entrenamiento ciudadano en la resolución constructiva de los conflictos menores, lo que evidencia, en general la ausencia de una política preventiva, tanto en el Departamento como en el área, a pesar de los recursos que se gastan en seguridad y que poco impactan las tasas, las cifras y las percepciones de la gente”.
