‘Los Coyotes’, dedicados al tráfico de migrantes, siguen cayendo

Otros 15 presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Coyotes’, dedicada al tráfico de migrantes a lo largo y ancho del país se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía y el Ejército. Un fiscal adscrito a la Dirección seccional de Fiscalías de Santander imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
Se trata de Yamir Harlinson Villa, Víctor Hernán Vélez (quienes se allanaron a cargos), Néstor Mauricio Rubiano, Luis Enrique Contreras, Andrés Alberto Vargas, Estid Jiménez, Kevin Jaiber López y Jorge Alirio Cano.
Además Edwin Javier Medina, Iván Darío Sánchez, Luis Humberto Gómez, Exiodo Cano Vargas, Jaime Yurbey Amaya, Juan David Gómez y Sebastián Moreno. Todos tenían órdenes de captura vigentes.
El material recaudado permitió establecer que esta organización facilitaba la entrada y salida del territorio colombiano de personas extranjeras, quienes ingresaban por trochas en pasos fronterizos con Ecuador y Venezuela y que tenían como destino a países de sur y centro américa. Cobraba entre 150 y 300 dólares para garantizar su paso por Colombia, en donde les garantizaban transporte vía terrestre, hospedajes, comida y el traslado al país elegido.
En marzo pasado, luego de más de un año de investigación por parte de la Fiscalía y el Ejército, en Santander y en otros departamentos del territorio colombiano se logró la captura de otros 54 presuntos integrantes de esta estructura delincuencial, quienes fueron judicializados y cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Los ciudadanos extranjeros eran explotados con cobros que incluso superaban el millón de pesos en muchos casos. Estos delincuentes que fueron neutralizados se aprovechaban de la falta de documentación y del irregular estatus migratorio de sus víctimas.
Fueron detenidos en Norte de Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Nariño, entre otros departamentos. Dos servidores públicos están implicados, señala la investigación. Esta investigación se inició desde diciembre de 2020, cuando las autoridades detectaron en carreteras santandereanas 33 buses de transporte informal, en los que se desplazaban más de 1.300 personas, entre hombres, mujeres y niños.