En la última audiencia de preclusión pedida por la Fiscalía, la jueza Carmen Helena Ortiz definió el futuro jurídico de Álvaro Uribe Vélez al determinar que no se archivará el proceso por soborno que lleva cuatro años abiertos, y que se originó en la Corte Suprema de Justicia.
La razón, luego de varias horas de audiencias que vienen desde el año pasado, se la llevaron las cuatro víctimas –entre ellas el senador Iván Cepeda– y, en parte, las labores que en su momento hizo la Corte.
Esto por cuenta de que la jueza emitió duros cuestionamientos al trabajo que hizo la Fiscalía, entidad que había solicitado la preclusión de este expediente.
Con esto se genera no solo un hito en uno de los procesos judiciales más relevantes y polémicos de los últimos años, sino un remezón que tendrá implicaciones políticas, puesto que deja a una de las partes como la perdedora parcial de un caso que promete extenderse.
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Y es que aún queda recorrido para una decisión final. La Fiscalía apelará la decisión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que definirá si le da la razón a la jueza, o si la tiene el ente acusador y por ende se archiva el caso.
Argumentos de la jueza
Carmen Helena Ortiz afirmó varias cosas para sostener su decisión. Las más importantes van en vía de desestimar el trabajo en algunas ocasiones de la Fiscalía: no se entrevistó a suficientes personas, no ahondó en pruebas recolectadas por parte de la Corte Suprema y las incongruencias en testimonios que dan pie para ser valoradas en otra instancia distinta a esta.
La jueza incluso mencionó que desde su despacho no comparte la crítica de la defensa a la figura de imputado que le mantuvo la Corte Constitucional una vez equiparó que su proceso, al pasar a la Fiscalía, era equiparable a la indagatoria que cuando fue senador le abrió la Corte.
Por otro lado, sí le dio validez “oportuna” a varias de las observaciones hechas por las víctimas, en vía de no cerrar este caso.
Además, precisó que el escenario para alegar vicios de pruebas no fue la audiencia de solicitud de preclusión, sino otras instancias como unas eventuales preparatorias de juicio. Con ello dio a entender que el caso debe seguir vivo en otra etapa.
La previa a la decisión
Hacia las 8:24 de la mañana, la jueza Carmen Ortiz dio inicio a la audiencia virtual en la que se definirá el proceso que tiene al expresidente Álvaro Uribe Vélez en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
El caso lleva en los estrados judiciales cuatro años, y se refiere a la supuesta participación del exjefe de Estado para conseguir que personas testificaran en contra del senador Iván Cepeda. En él están implicados otros nombres conocidos: el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve –testigo estrella–, el abogado Diego Cadena y Álvaro Hernán Prada.
La jueza arrancó advirtiendo que su intervención será larga, pues mencionará los seis hechos relevantes con los que la Fiscalía pide archivar el expediente, y a las consideraciones de las cuatro víctimas acreditadas: Cepeda, Eduardo Montealegre, Jorge F. Perdomo y Deyanira Gómez.
Así las cosas, pasó a describir uno por uno los seis hechos descritos por el fiscal delegado Gabriel Jaimes. Estos le tomaron varias audiencias y contrarian lo recolectado por la Corte Suprema de Justicia, la cual abrió el proceso e incluso ordenó varios días de cárcel para Uribe.
Los puntos tienen fue llamado como las retractaciones de Monsalve con la intervención de Cadena, las presiones al ‘expara’ de su amigo alias Caliche, la relación de Uribe con cartas enviadas a Juan Carlos “El Tuso” Sierra”, la aparición en el proceso de la exfiscal Hilda Niño, las afirmaciones de alias Sinaí, Poli y Cadavid y la versión que dio el exparamilitar Carlos Vélez.Minutos después, un auxiliar judicial tomó la palabra y se pasaron a leer algunas consideraciones que en varias diligencias hicieron las víctimas, las cuales fueron en el mismo sentido de las indagaciones que hizo la Corte Suprema.
La jueza retomó y dictó las consideraciones pertinentes a las pruebas, a la imputación que le mantuvo la Corte Constitucional, y a detalles de la indagatoria que lideró desde 2018 el magistrado César Reyes en contra de Uribe.
