Su forma de operar empezaba, según la Policía, con la captación de mujeres con problemas económicos, bajo la promesa de un trabajo que les permitiría a ellas y a sus familias tener una vida mejor.
Estas mujeres eran captadas en Bogotá, municipios del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia, y en los países fronterizos de Venezuela, Ecuador y Perú. Luego eran trasladadas a Ipiales con la finalidad de explotarlas y comercializarlas sexualmente en dos establecimientos acondicionados como clubes nocturnos, en donde eran privadas de su libertad.
Una vez las mujeres llegaban al establecimiento, eran notificadas de una deuda exorbitante, de acuerdo con las autoridades, la cual debían saldar obligatoriamente con servicios sexuales y en caso de negarse, eran amenazadas con hacerle daño a sus familias o con supuestas maldiciones de magia negra y santería; además de ser sometidas a tortura física y psicológica.
De igual manera las ponían bajo vigilancia constante para evitar que salieran del club y dieran aviso a las autoridades, pero tres víctimas lograron escapar y denunciar, por lo que se lograron estas capturas.
Al momento de ejecutar el operativo, además de las capturas, se logró el rescate de 4 víctimas, dos de nacionalidad colombiana, una peruana y una venezolana.
Los capturados fueron identificados como ‘Amparo’, ‘La patrona’, ‘Dianita’, ‘Henry’, ‘Paola’, ‘Javi’, ‘Jota’, ‘Bairon’ y ‘Sammy’, a quienes las víctimas, a través de álbumes de reconocimiento fotográfico, realizaron señalamientos directos de ser los responsables de haberlas prostituido y de amenazarlas constantemente.
Las autoridades también informaron que alias ‘Amparo´, cabecilla del grupo criminal, heredó el negocio criminal al mejor estilo de una saga familiar, asumiendo el liderato de la organización criminal desde hace varios años, además de ello era la propietaria del predio donde funciona uno de los clubes nocturnos en el cual venían ocurriendo los hechos materia de investigación desde el año 2014.
Los capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien legalizó los procedimientos y los envió a la cárcel por los delitos de trata de personas en concurso homogéneo y sucesivo con concierto para delinquir.
