Lo que dijo es que el exgeneral ya cumplió el mínimo de cinco años tras las rejas que se exigen tras la firma del Acuerdo de Paz y que cobija a los sometidos ante la JEP.
Pero Torres –quien comando la sexta brigada del Ejército– debe seguir con su proceso ante esta jurisdicción garantizando datos que permitan cerrar casos judiciales y resarcir a las víctimas.
“Es necesario que la información que el compareciente aporte supere el umbral de lo ya esclarecido. Igualmente, no puede mentir cuando se refiera a hechos que involucren su conducta o su posible responsabilidad”, se lee en la decisión que le notificó la JEP.
Entre los casos que se le imputan a Torres Escalante están las muertes de Roque Julio Torres y Daniel Torres, dos campesinos de 16 y 38 años acribillados en 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. También se le señala de estar supuestamente relacionado con 170 ejecuciones extrajudiciales, cometidas entre 2005 y 2007.
El expediente de Torres
Además de su trayectoria en la Sexta Brigada del Ejército, la cual lideró en diferentes cargos entre 2003 y 2007, el general (r) se convirtió en el primer oficial en ser capturado por la Fiscalía acusado por falsos positivos y en el primero en comparecer por esos mismos casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
En dicha justicia transicional, se le juzga por los asesinatos de Roque Julio Torres y Daniel Torres, dos campesinos de 16 y 38 años acribillados en 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate.
Sumado a eso, Torres Escalante es investigado por 170 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2005 y 2007 por miembros de su brigada y por otros nueve hechos que sumarían 12 víctimas fatales, entre otros crímenes enumerados en el expediente judicial.
