El Ministerio Público había argumentado que en el primer trámite del proceso se han demostrado falencias que indican que, desde el primer momento, Vives Caballero estuvo en capacidad de eludir las órdenes y la acción de la justicia, al negarse en repetidas ocasiones a tomarse las pruebas de alcoholemia y acudir a las audiencias ante el juez del caso.
La Procuraduría además señaló que la fiscal que llevaba el caso en Santa Marta le imputó a Vives cargos por homicidio doloso, pero omitió imputarle cargos por las lesiones personales causadas a otro menor de 13 años afectado en el accidente, con el argumento de que más adelante haría una adición a la imputación.
La Procuraduría también sustentó que las fiscalías de homicidios en Santa Marta están sobrecargadas y en especial la Fiscalía 32 seccional, que es donde se encontraba el caso, y puntualizó que la solicitud de reasignación del proceso la presentó “con el exclusivo interés de que las investigaciones se lleven con la debida diligencia para la obtención de la verdad y la reparación a las víctimas”.
Aunque el empresario no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, fue enviado a prisión de forma preventiva. En estos momentos está en el establecimiento penitenciario de Ternera, en Cartagena, a donde llegó trasladado desde la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, por presuntas amenazas en su contra.
Álex Fernández, el abogado de Vives, expuso en las audiencias que los jóvenes invadieron el carril de la camioneta que era conducida por Enrique Vives, quien no pudo evitar el trágico desenlace.
“Los peatones caminaban por el carril izquierdo y se abalanzaron hacia el vehículo de mi defendido, quien en ningún momento se desvió de su camino”, indicó en su momento Fernández.
