Lo anterior, luego de que se conociera que hubo pérdida de documentos cruciales dentro de la indagación que adelanta la Corte Suprema contra el exsenador Richard Aguilar, a finales del mes de agosto. Los documentos al parecer desaparecieron del edificio de la gobernación de Santander.
El órgano de control indaga lo ocurrido con algunas resoluciones que, al parecer, habrían sido proferidas por el despacho del exgobernador Richard Aguilar y otras por su sucesor.
En la indagación contra Mauricio Aguilar, el órgano de control busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con el ocultamiento de documentos pertinentes que podrían comprometer la responsabilidad penal de Richard Aguilar Villa.
Así mismo, el «presunto envío de documentación falsa a la Corte Suprema de Justicia relacionada con la adición de contrato para el reforzamiento de la villa olímpica, que serviría de prueba dentro del proceso».
El órgano de control, también investigará el presunto conflicto de interés en la gobernación de Santander al contratar a los abogados que están actuando en el proceso de Richard Aguilar.
Colprensa conoció en primicia, que la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, «determinar si es constitutiva en falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y el posible perjuicio causado a la administración pública».
Entre las pruebas decretadas está la solicitud hecha a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que dentro del término de 10 días hábiles informe si dentro del proceso penal se ha obtenido respuesta oportuna, clara y de fondo a los requerimientos elevados a la Gobernación de Santander.
Adicionalmente, si se ha obstaculizado la investigación, retardando la entrega de información, ocultando pruebas u otras acciones tendientes a dilatar el proceso por parte de la gobernación.
Finalmente, si se han compulsado copias para que se investiguen las presuntas irregularidades en las que pudieron incurrir funcionarios de la gobernación.
El gobernador podrá solicitar ser escuchado en versión libre.
Cabe recordar que Richard Aguilar es investigado por la celebración irregular de millonarios contratos de infraestructura mientras fungía como gobernador de Santander. Puntualmente por un contrato en el reforzamiento del Estadio Alfonso López, en la Villa Olímpica de Bucaramanga, en 2015, por un valor superior a los 24.000 millones de pesos.
La Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento por la presunta comisión de los delitos de celebración indebida de contratos; interés indebido en la celebración de contratos; concierto para delinquir; peculado por apropiación, entre otros.
