Los jueces Miguel Roberto López Prada y Marcela Higuera Peña, decretaron medida provisional de suspensión a la liquidación ordenada por la Superintendencia de Salud a la EPS Comparta, que opera en 12 departamentos del país, atribución que le correspondería a un Tribunal Judicial.
Sin embargo, este viernes, la jueza del Juzgado Promiscuo de Familia de Málaga, Marcela Higuera, dejó sin efectos esa medida provisional en los casos de dos tutelantes, al reconocer que “por error involuntario y desconociendo la nueva norma atinente al reparto de tutela, como es el Decreto 333 del 6 abril del año 2021, este despacho mediante auto de fecha 03 de agosto del año en curso, resolvió avocar el conocimiento de la acción de tutela de la referencia”.
Por ello, remitió las dos tutelas al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Se espera que el otro juez haga lo mismo.
De acuerdo con el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutelas dirigidas, entre otros, contra las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud, relacionadas con intervención para administrar o liquidar deben ser conocidas, por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o los Tribunales Administrativos, situación que desconocieron abierta e ilegalmente los jueces.
Por el hecho, 1,5 millones de afiliados, principalmente población vulnerable y con protección constitucional especial siguen en vilo hasta que se resuelva la controversia judicial con el otro juez de Málaga.
En cuestión de horas, López e Higuera frenaron la distribución de estos afiliados, que iba a adelantar el Ministerio de Salud a EPS que sí se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento. Los demás jueces, que recibieron otras 40 tutelas sí atendieron el mandato legal y trasladaron las acciones de amparo a los tribunales, por ser de su competencia.
Ante la “crítica” situación financiera que afrontaba dicha entidad, la Superintendencia de Salud ordenó la posesión de bienes y la liquidación de Comparta EPS.
