El Gobierno Nacional ha lanzado una intensa ofensiva con el objetivo de resucitar la reforma de la salud, que actualmente se encuentra en un estado crítico tras la firma de ocho senadores de la Comisión VII.
Su posible fracaso sería la mayor derrota política para el presidente Gustavo Petro desde su asunción al poder el 7 de agosto de 2022. Esta situación explica la firmeza del mandatario al hablar sobre los pasos a seguir, declarando: “La asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”, señaló en la noche del viernes.
Anteriormente, desde la Casa de Nariño, afirmó contundentemente: «No vamos a retirar la reforma de la salud en absoluto», atribuyendo la responsabilidad al Poder Legislativo.
“El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundirla. El sistema actual no es sostenible, punto. La mayoría de las EPS incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos.
Así que el Gobierno entra a actuar. El inri va a quedar sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma de salud cuando más se necesitaba. Allá él. Pero la reforma de la salud es absolutamente imprescindible porque hay por lo menos 35 billones de pesos perdidos y este gobierno no va a dejar perder el dinero público”, aseguró Petro.
En el otro frente, las EPS y numerosos expertos en salud argumentan que el Gobierno está utilizando su posición dominante para debilitar el sistema y presentarlo como fallido. También critican al Gobierno por buscar supuestamente consensos ahora, cuando durante el último año ha impuesto su propuesta.
La postura del Presidente fue entendida tanto por los funcionarios clave del Gobierno, quienes de inmediato comenzaron a idear cómo revitalizar el proyecto, como por los opositores, quienes consideran que lo construido en el sistema en las últimas tres décadas no debería ser desmantelado.
Por tanto, los próximos días son de vital importancia. Tanto esta semana como la siguiente, que es Semana Santa, el Gobierno se dedicará intensamente a revertir la postura de los ocho congresistas, quienes públicamente han afirmado que mantienen su posición anunciada.
Por lo pronto, una primera jugada del Ejecutivo y del Pacto es dilatar la votación en la Comisión VII. “A mí no me van a presionar”, advirtió la senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, ponente, quien tiene la responsabilidad de fijar la fecha para la votación definitiva.
“Si hoy tiene los ocho votos y van a estar firmes como lo han manifestado en esa carta, ¿Cuál es el desespero? ¿Qué diferencia hay que se discuta la próxima semana o se discuta luego de Semana Santa, como habíamos programado?”, dice.
A raíz de casos como estos, aquellos que no solo creen que la reforma de la salud no soluciona los problemas existentes, sino que también genera nuevos desafíos, están solicitando una votación rápida.
Esta semana, 19 exministros y exviceministros de Salud expresaron este punto de vista en una carta pública, pidiendo que la iniciativa sea archivada «a la mayor brevedad posible».
La firma en contra de los ocho senadores (junto con un anuncio en la misma línea) marca el último episodio de un proceso accidentado que, hace un año, causó divisiones en el gabinete del presidente Petro, su radicalización y el fin del control del Congreso por parte del oficialismo. Esto, además, se ha convertido en uno de los principales factores de la polarización que se experimenta en el país.
Los firmantes son Nadia Blel y Alfredo Marín, del Partido Conservador; Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Norma Hurtado, de ‘la U’; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y Berenice Bedoya, de ASI. No fue una acción espontánea, sino el producto de varias jornadas de trabajo con las cúpulas de sus respectivos partidos.
Con ellos, la reforma ya tenía siete votos en contra y cuatro a favor (tres del Pacto Histórico y uno de Comunes), por lo que el futuro de la iniciativa quedaba en manos de Fabián Díaz, (Alianza Verde), Ana Paola Agudelo (Mira) y Norma Hurtado, quienes a esa hora estaban indecisos.
“El mensaje que queremos enviar es que este es un Congreso que sí escucha a la ciudadanía y que es un Congreso autónomo frente a la agenda del Gobierno (…). Es evidente que se puede hundir”, señaló la senadora Blel para una entrevista con EL TIEMPO.
Alrededor del mediodía del martes, la senadora del partido ‘la U’ – que anteriormente fue aliado del Gobierno pero que ha estado distanciándose de la Casa de Nariño precisamente debido a la reforma de la salud – optó por no respaldar la propuesta oficial.
“He tomado la decisión de respaldar la ponencia de archivo de la ley de la salud, siendo consecuente con la responsabilidad adquirida con 50 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado.
Hoy considero que lo mejor es archivar este proyecto, ya que no garantiza el cambio necesario en el sistema de salud de nuestro país. Gracias por su respaldo y confianza”, aseveró la congresista, quien además lidera la ponencia alterna de la reforma pensional. Agudelo, por su parte, le dijo a EL TIEMPO que cuando llegue la hora de votar acompañará “el archivo del proyecto” y aclaró que no firmó porque no hace parte del grupo de ponentes.
A pesar de enfrentarse a una fuerte oposición, el Gobierno, con todo su poder burocrático, cambió de estrategia. Una de las primeras acciones fue relegar al segundo plano al controvertido ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quien muchos en el Congreso culpan por la casi muerte del proyecto debido a su negativa persistente a escuchar otras opiniones.
¿Qué papel desempeña el director de Planeación en la discusión sobre una reforma de la salud? López es un experimentado político, por eso su nombramiento en el DNP fue tan polémico, reemplazando a un tecnócrata reconocido como Jorge Iván González. López tiene relaciones personales con varios miembros del Senado, lo que le otorga cierta flexibilidad incluso entre los críticos más acérrimos del Gobierno.
Sin embargo, en estos momentos, los alcaldes y gobernadores están inmersos en la discusión de sus planes de desarrollo, y una estrecha colaboración con el DNP les garantiza resultados más favorables. Aunque los congresistas, por la ley de bancadas, deberían seguir las directrices de sus partidos, es innegable que para cada uno de ellos resulta muy tentador obtener mejoras para sus regiones, que, al fin y al cabo, es donde residen sus votantes.
La estrategia del Gobierno es mostrar disposición al consenso. «El Gobierno defenderá su postura en la Comisión, mientras que el Congreso asumirá la responsabilidad política de aprobar o archivar la reforma», afirma el ministro Velasco.
Los analistas sugieren que el objetivo del Gobierno es superar este obstáculo en la Comisión VII para que el proyecto avance a la plenaria.
Allí, e incluso en una posible conciliación con el texto de la Cámara, el reparto de recursos podría fortalecer la versión original y más radical, que se remonta a la época de la ministra Corcho. Para iniciar, el lunes está programado un desayuno con la Comisión VII en la Casa de Nariño.
El nuevo enfoque en torno al consenso es una estrategia. Sin embargo, como se demostró el viernes en Cali, el Gobierno también está dispuesto a movilizar a sus seguidores para ejercer presión sobre los otros poderes.
Incluso intentan impugnar a algunos miembros de la oposición en la Comisión para tratar de desarticular la nueva mayoría en su contra.
Mientras tanto, tal como lo había anunciado el presidente, el Gobierno buscará implementar cambios contemplados en su reforma a través de decretos, como la propuesta de destinar parte de los pagos que las EPS reciben anualmente por cada afiliado para financiar Centros de Atención Primaria.
Esto podría profundizar la crisis financiera de las prestadoras de servicios de salud. Esta táctica podría surtir efecto a corto plazo para ejercer presión, pero estaría sujeta a posibles demandas en el ámbito contencioso administrativo, el cual ya ha corregido legalmente al Gobierno en varias ocasiones recientes.
¿Y qué sucedería si, a pesar de todos los esfuerzos del presidente Petro y su equipo, los senadores mantienen su postura y la reforma finalmente fracasa? Los analistas consultados por este medio señalan que sería una gran derrota política para el Ejecutivo, similar a la sufrida en las elecciones regionales de octubre del año pasado. Además, esta derrota podría tener repercusiones en otros proyectos considerados cruciales por la Casa de Nariño.
La incertidumbre se centra en la dirección que el Presidente tomará a medida que su mandato se acerca a la mitad. ¿Se mantendrá firme en su enfoque y retórica radical, o finalmente dará cabida al acuerdo nacional, que políticamente aún no ha despegado, a pesar de haber avanzado en el diálogo con líderes empresariales prominentes del país?
Lo que parece evidente es que el resto de la legislatura podría ser la última oportunidad para el Gobierno de impulsar sus proyectos clave. Históricamente, en Colombia, a partir del tercer año de gobierno, la iniciativa legislativa se desplaza hacia el Congreso, en detrimento de los proyectos gubernamentales. Con el gobierno de Petro, hay pocos signos de que esta tendencia vaya a cambiar en la situación actual.
