La pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, que había sido asignada a Barranquilla, para el 2027, ha provocado una enorme controversia política y señalamientos mutuos acerca de quién fue el culpable de lo ocurrido.
Aunque los incumplimientos por parte de Colombia comenzaron a darse desde julio de 2022, cuando aún era presidente Iván Duque, el Gobierno Petro se comprometió a hacer el pago que tenía pendiente en diciembre del año pasado y no lo hizo.
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Víctor Muñoz, publicó en su cuenta de X, algunas aclaraciones sobre cuál fue la participación del Gobierno Duque en todo el proceso.
Según Muñoz, el contrato entre el Ministerio del Deporte y Panam Sports, para la realización de los Juegos, se firmó el 31 de mayo de 2021, durante el gobierno de Iván Duque.
Aunque originalmente se había previsto la creación de una entidad autónoma para que asumiera los pagos, posteriormente, para no generar más burocracia, se acordó suscribir un convenio Interadministrativo entre el ministerio del Deporte, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el Comité Olímpico.
El convenio se suscribió en agosto 4 de 2022. Ya para ese momento se había dado el primer incumplimiento, que Muñoz atribuyó a la Ley de Garantías que estaba vigente en ese momento y que no permitía la suscripción del convenio.
Según Muñoz, el tema se trató en las reuniones de empalme con el Gobierno Petro y en el anteproyecto de presupuesto para el 2023, se dejaron proyectados los recursos.
Cielo Rusinque, quien fue directora del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, en la primera parte del Gobierno Petro, respondió a Muñoz que no es cierto que el Gobierno Duque haya dejado financiados los Panamericanos, pues, si bien los recursos estaban en el anteproyecto de presupuesto hecho en abril de 2022, finalmente no quedaron en el presupuesto finalmente aprobado para 2023.
«Vergüenza su cinismo, fue usted quien dejó sin financiación los Juegos seguramente para dejarle otro chicharrón al gobierno, el incumplimiento fue suyo y de la anterior administración de Barranquilla, a pesar de eso se han hecho y están haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante los Juegos a pesar de la irresponsabilidad y negligencia suya», le escribió Rusinque a Duque.
Una vez empezaron los incumplimientos, la Alcaldía de Barranquilla intentó convencer al Gobierno Petro para que apoyara los Juegos.
La primera ministra del Deporte de Petro, María Isabel Urrutia, según dijo la propia Panam Sports, no le puso mucha atención a los Juegos y su sucesora, Astrid Rodríguez, viajó a Chile para fijar unos nuevos plazos para el pago de 8 millones de dólares que eran necesarios para poner en marcha la preparación de las justas.
El primero de estos plazos se vencía el 31 de diciembre y, aunque en un comunicado el Ministerio aseguró que había un acuerdo con los organizadores para aceptar el pago en enero, el acuerdo no existía, por lo cual los organizadores tomaron la decisión de retirar la sede.
La ministra reconoció que la decisión de pagar en enero no fue fruto de un acuerdo, sino decisión unilateral del Gobierno.
«Nosotros decidimos pagar los 8 millones de dólares en el mes de enero. Comunicamos a Panam el 27 de diciembre que no podíamos pagar los 4 millones de dólares porque no teníamos flujo de caja y que tomamos la decisión de pagar los 8 millones de dólares en enero», explicó la ministra.
