De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía con más de 10 víctimas, estas habrían entregado entre 100 mil y 20 millones, luego de que fueran amenazados por hombres que se hacían pasar como miembros del Eln y, bajo amenazas de muerte.
Estas extorsiones presuntamente venían siendo realizadas desde el 2019 y se cometían desde las cárceles de Riohacha, Cartagena, Guaduas (Cundinamarca) y Bucaramanga, a docentes, pensionados y comerciantes.
Por estos hechos fueron enviados a prisión Oscar Junior Marín, Manuel de Jesús Payares y Carmen Roda Cruz. Mientras que Yenis Esther Borja fue cobijada con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio. Estas personas presuntamente eran las encargadas de reclamar el dinero producto de las extorsiones en diferentes agencias de envíos, y de realizar los retiros bancarios, a cambio del pago de una comisión.
El quinto imputado, identificado como Bernardo Manuel Graterol, se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Riohacha (Guajira), por el delito de extorsión.
