Integrantes de este foro internacional dieron a conocer su opinión sobre los recientes casos de estigmatización y descalificación hacia periodistas y medios de comunicación de Colombia por parte del actual Gobierno, quienes aseguran que a raíz de los escándalos que involucran a la Presidencia, «se descalifica a los propietarios, editores, periodistas y trabajadores de la Revista Semana, con el evidente propósito, según lo muestra la experiencia regional, de regimentar los contenidos de la información e imponer al término una hegemonía comunicacional de Estado».
Además, rescatan que los diarios El Tiempo y El Espectador y la misma Sociedad Interamericana de Prensa han reaccionado a dichos ‘ataques’.
“En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público.
Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento», citaron además la doctrina establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a casos que han sucedido previamente en la región sobre la censura a medios de comunicación.
