En una audiencia virtual, que se prolongó por varias horas, el Juez Promiscuo de Guaca, Santander, resolvió no imponer medida de aseguramiento intramural al mandatario, así como para Sandra Bautista, funcionaria de la Alcaldía y Benito Luna, gerente de la empresa de transporte a la que estaba vinculada el bus siniestrado.
“Este servidor judicial resuelve el interrogante planteado sobre la improcedencia de cualquier medida de aseguramiento intramural y de otra naturaleza para los ciudadanos solicitada por la fiscal, como del agente del Ministerio Público; es decir; se abstendrá de imponer alguna medida sustitutiva”, dictó el juez.
El pasado 30 de marzo, la Fiscalía le imputó a José Rossemberg los delitos de celebración indebida de contrato y falsedad en documento público, a los cuales no se allanó.
A Sandra Milena Bautista la procesaron por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público; Benito Luna Gutiérrez por interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de coautor.
En aquella audiencia el ente acusador reveló que “eran buses con más de 30 años de uso y con una empresa que no reunía los requisitos legales (…) Se antepusieron intereses propios, por cumplir compromisos políticos, antes de mirar el prejuicio que se le podía causar a los usuarios de este transporte ”, dio a conocer la Fiscalía.
Así fue el accidente
Aquel trágico 22 de marzo del año 2022, cerca de la 1:45 p.m., un autobús escolar, de placas SRY-939, que movilizaba 22 niños y un adulto, rodó cerca de 200 metros en el Alto de San Pedro, frente a la Laguna de Ortices en el municipio de San Andrés, Santander.
En el hecho cuatro niños y dos niñas, todos estudiantes del Instituto Técnico Laguna de Ortices, perdieron la vida. El resto de ocupantes resultaron heridos, algunos de gravedad.
