El Salvador cumple un año con el régimen de excepción, una polémica medida que es denunciada por violar los derechos humanos, pero que una mayoría de sus ciudadanos avala como la solución al histórico y complejo problema de las pandillas, grupos que mantenían atemorizada a la población.
La medida, implementada desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogada en 12 ocasiones por un período de 30 días, respectivamente, es aceptada por buena parte de la población y mantiene elevados los niveles de aceptación y respaldo de la ciudadanía al presidente Nayib Bukele, según las encuestas más recientes.
Bukele, que declaró una “guerra” a las pandillas, es el presidente con “mejor desempeño” en Latinoamérica, según una encuesta de la firma CID Gallup, que le otorga un 86 % de favorabilidad.
Además, el 91 % de los salvadoreños aprueba el trabajo que ha realizado el presidente Bukele, luego de tres años y nueve meses en el cargo, de acuerdo con una encuesta de Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica.
Al parecer la imagen de Bukele no se ha visto afectada por los señalamientos de violaciones a derechos humanos, por parte de organismos internacionales y nacionales, en el marco del régimen de excepción.
Según el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), la mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas, aunque el 75,9 % de los ciudadanos aprueba la medida.
Durante el régimen de excepción se han capturado cerca de 66.000 personas que son acusadas de ser pandilleros, de los que aproximadamente 4.500 han sido liberados pero continúan con el proceso penal ya iniciado, según dijo a EFE el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Muchos de ellos, al parecer, son personas inocentes que no tienen ninguna relación con los pandilleros a los que Bukele persigue. El diario El País de España publicó este 27 de marzo el testimonio de dos presos, un hombre y una mujer, que fueron liberados ante la falta de pruebas contundentes, pero a la espera de juicio, cuentan las precarias condiciones por las que atraviesan los reclusos en las cárceles salvadoreñas.
Muertes bajo custodia, hacinamiento extremo, torturas, detenciones arbitrarias e incomunicación con abogados o familiares, son algunas de las violaciones a los derechos que viven día a día los presos.
Mauricio*, un hombre de 40 años que prefirió ocultar su identidad por seguridad, contó cómo pasó sus días en una celda con 70 personas en un espacio con capacidad solo para 20. También relató cómo un hombre con diabetes no recibía las inyecciones de insulina y murió en el calabozo que compartían. Además, explicó las aberrantes prácticas que los guardianes emplean para torturar a los presos que incluso, les pueden causar la muerte.
“Eran habituales los manguerazos de agua dentro de la celda y, cuando el suelo estaba mojado, activaban la pistola de corriente eléctrica para que nos agarrara a todos”, contó Mauricio* quien también aseguró que en muchos casos la fe se convirtió en el soporte de los presos.
Dolores Almendares, quien sí decidió hacer pública su identidad, contó que fue detenida tras ser acusada de extorsión. “Me dijeron que mis hijos cobraban la renta a los comercios y yo juntaba el dinero”, le dijo Dolores a El País.
La mujer, de 53 años, que no colaboró con el procedimiento judicial porque, además de no tener pruebas en su contra, no le garantizaban la asistencia legal, aseguró que su detención fue motivada por liderar huelgas para que les dieran uniformes y les subieran el sueldo en su trabajo.
La encerraron con mujeres que tenían tatuajes que las identificaban con alguna pandilla y contó que, durante la primera noche, un policía les dijo: “Ahora ustedes son el blanco. Les puedo pegar un tiro ahora mismo y decir que se querían fugar”.
El régimen de excepción de Bukele ha recibido críticas de organismos internacionales por considerarse que ha propiciado abusos de las autoridades como lo narrado en los testimonios de Mauricio* y Dolores.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
“No es que andemos agarrando (capturando) a inocentes, o que andemos agarrando gente porque tiene un tatuaje. Nosotros salimos con nombre y apellido a buscar a nuestro objetivo y ese es el trabajo que se está haciendo de manera responsable”, contestó Villatoro.
Agregó que “ni el presidente, ni ningún otro funcionario del gabinete de Seguridad y menos los delegados del fiscal, los policías e investigadores vamos a dormir tranquilos si condenamos a un inocente”.
Hay 10 de 15 líderes de las pandillas tras las rejas
El ministro de Justicia y Seguridad señaló que, según los registros, son alrededor de 76.000 personas perfiladas como pandilleros e indicó que la “guerra” contra las maras, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992), ha permitido la captura de “10 de 15 líderes” de la Mara Salvatrucha (MS13), quienes “están enfrentando los procesos judiciales”.
Aseguró que “el corporativo criminalidad que representaban estas tres principales pandillas en El Salvador (la MS13, Barrio 18 facción Sureños y Revolucionarios) ya no existe”.
“Ya no funcionan como un corporativo criminal, han quedado los que andan escondiéndose de la justicia, que ya no pueden estar en las colonias, que ya no pueden controlar las colonias, las comunidades ni los barrios y que andan huyendo en las áreas rurales”, acotó.
Y subrayó: “Esos corporativos que tenían territorio, que tenían población, recaudaban dinero e impartían a plomo justicia en nuestras comunidades, esos ya no existen”.
Para Celia Medrano, especialista salvadoreña que fue candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los grupos pandilleriles tal como los conoció El Salvador, en apenas un año, no volverán a verse en el país”.
Sin embargo, indicó en una conversación con EFE que “hay que entender que hay élites de esos grupos pandilleriles que han mutado, se han sofisticado y han desarrollado nuevas articulaciones como la criminalidad organizada”.
Reducción de extorsiones y tranquilidad
Además de la reducción de los homicidios durante la implementación de la medida de excepción, 496 muertes al cierre de 2022, Villatoro destacó la baja en las extorsiones y la tranquilidad en las comunidades.
“Ese impacto (el cobro de la extorsión) que (se) tenía en nuestras poblaciones, en las comunidades, en las áreas productivas –como mercados– digamos que eso ha desaparecido en un 98 %”, señaló.
Aseguró que “podríamos decir que hemos liberado a todo el segmento poblacional, medianas y grandes empresas, y entre 1.500 y 2.000 millones de dólares ya no están yendo a manos de estos terroristas”.
“El fenómeno de las extorsiones impactaba a todo nivel. En muchas colonias los residentes tenían que pagar para salir de la colonia y para regresar”, dijo.
Apuntó que también “se ha impactado en los programas (de las pandillas) de venta y distribución de droga a nivel nacional” y que en los barrios “antes asediados por las pandillas, ahora hay un ambiente de alegría, de libertad”.
Un empresario dueño de tres unidades del transporte público afirmó a EFE que, efectivamente, la extorsión ya no se cobra más, por lo menos en la ruta de autobuses en la que él se encuentra.
¿La solución? o ¿una carta política?
Para el Gobierno, el régimen de excepción parece ser la solución a las pandillas y, de acuerdo con Villatoro, después de “más de 120.000 salvadoreños asesinados en tres décadas”, ahora “el salvadoreño puede vivir en paz”.
“Haber implementado el régimen de excepción ha sido algo que nos ha transformado en menos de nueve meses en otro país en materia de seguridad pública”, dijo.
No obstante, la candidata a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH apuntó que “cada vez debe de quedar más claro que debemos de dejar de repetir el slogan de un régimen de excepción. Es una carta, es la principal carta electoral para la reelección de la actual gestión gubernamental”. Medrano consideró que “de excepcionalidad, el régimen de excepción no tiene nada”.
“¿Cómo va a ser excepcional un sistema permanente de suspensión de garantías constitucionales y derechos humanos que va a cumplir un año y que muy probablemente cumplirá todo el 2023 hasta que se consuma el plan de la reelección presidencial?”, agregó.
