Colombia, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Japón, Paraguay, Afganistán, Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido son solo algunos de los 130 países que podrían apresar al mandatario ruso en caso de este atreverse a pisar sus territorios. El cerco de la CPI incluye a 33 estados africanos, 19 de Asia y el Pacífico, 43 de Europa, 28 de América, y 25 de Europa occidental.
Y todo pese a las amenazas que lanzó Moscú en torno a que no reconoce esa jurisdicción y que, de acuerdo con algunos alfiles de Putin, podría hasta desplegarse una acción militar contra la propia CPI si lleva a cabo esa orden.
El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que Putin puede ser arrestado “inmediatamente” en “más de 130 países”. Y recalcó –sin matices– que esa orden de captura “es muy importante y cambia las reglas del juego”.
El pasado viernes, la CPI emitió sendas órdenes de detención contra Putin y María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, por haber deportado de forma ilegal a menores ucranianos a Rusia.
Según Borrell, esto es “algo que hay que tener muy en cuenta, porque podemos negociar con quien queramos, pero esta decisión del tribunal sigue siendo válida. Está ahí. El presidente Putin debe ser detenido si viaja a más de 130 países”, enfatizó.
El jefe de la diplomacia europea advirtió que las autoridades rusas “están desestimando esta decisión de la CPI, diciendo que al final Rusia no ha firmado este tratado, pero veamos sus consecuencias prácticas”.
Pero el tema no cesa ahí. La misma Corte Penal Internacional denunció que existen “amenazas” que les comenzaron a llegar a miembros de ese tribunal por haber emitido la orden de captura contra Putin.
La CPI –con sede en La Haya– rechazó que Rusia intimidara su jurisdicción al comenzar una investigación penal contra el fiscal principal del tribunal, Karim Khan, y contra tres magistrados, por librar la orden de arresto.
A esto se le suma que el expresidente ruso Dimitri Medvedev, a través de Telegram, les advirtió a los jueces de la Corte que “miren el cielo con atención”, en referencia a un ataque con misil.
Por esas amenazas, la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, integrada por los 123 países miembros de la CPI, emitió un comunicado para deplorar las “amenazas contra la CPI, así como contra su Fiscal y sus jueces”.
Y, de paso, también criticó “los intentos de obstruir los esfuerzos internacionales para garantizar la rendición de cuentas por actos prohibidos por el derecho internacional”.
El fiscal Khan, que lleva más de un año investigando posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos durante la ofensiva rusa, advirtió que las deportaciones suman “miles” de casos.
Mientras esas amenazas avanzan, Ucrania se mantuvo en que más de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia desde el inicio de la invasión. Además, de acuerdo con voceros de Kiev, muchos fueron trasladados a instituciones y casas de acogida.
